El Consell alegó problemas de intensidad de tráfico, seguridad vial y conflicto de competencias para pedir la supresión del carril reservado para Vehículos de Alta Ocupación entre los kilómetros 2,600 y 6,500 de la autopista del aeropuerto en sentido de entrada a Palma.
La Sala rechaza ese planteamiento y deja claro que la titularidad insular de la carretera es “de todo punto compatible” con las competencias estatales en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
El tribunal recuerda que la competencia estatal en seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación “conlleva la facultad de dictar normas en dicha materia”, adoptadas por la DGT en ejercicio de competencias exclusivas del Estado, a través del Ministerio del Interior.
Sobre la supuesta invasión de competencias, la sentencia subraya las “claras diferencias existentes entre las competencias en materia de construcción, conservación, explotación y uso de las carreteras y las competencias en materia de tráfico y seguridad vial”, desmontando así el eje central del recurso de la institución insular, titular de la vía.
En el análisis de fondo, la Sala no aprecia razones técnicas que justifiquen la eliminación del bus-VAO. “No se observan motivos de menor intensidad de los flujos de tráfico o protección de la seguridad que lleven a la necesidad o procedencia de suprimir el bus-VAO”, afirma expresamente la sentencia.
Además, introduce un elemento social y político de calado: “Subyace en la presente litis (…) la esencial necesidad de separar los intereses de la ciudadanía más vulnerable de Palma de Mallorca y su entorno (…) frente a los de los usuarios de vehículos a motor de baja ocupación privados o de alquiler (medio de transporte preferido por el turismo)”. Y añade que esa ponderación debe hacerse a la luz de “la necesidad de promover la igualdad material entre los españoles, abstracción hecha de su mayor o menor poder adquisitivo”.
El tribunal también afea al Consell la premura en su reacción: la solicitud de eliminación del carril se presentó el 1 de agosto de 2023, “sin haber pasado siquiera un año desde su entrada en funcionamiento el 2 de noviembre de 2022” y “sin esperar cuando menos al transcurso de un periodo mínimo razonable para constatar los efectos de la instauración del mismo”.
En cuanto a la siniestralidad, la sentencia recoge que el incremento de accidentes en la Ma-19 fue del 10%, inferior al 15,35% del conjunto autonómico, y que los dos fallecidos en 2023 obedecieron a accidentes de moto por salida de vía por el margen derecho, “lado contrario a la ubicación del carril bus-VAO”, sin relación con este.
Además, destaca como “objetivo” el dato aportado por la DGT de que el bus-VAO ha reducido en un 17,4% el número total de vehículos en sentido entrada a Palma, obviando que a causa de las retenciones generadas tras la creación del carril especial muchos usuarios optaron por itinerarios alternativos de acceso a la capital, extendiendo el colapso a otros puntos de la ciudad.
La sentencia 758/2025, de 30 de diciembre, confirma íntegramente la decisión de Tráfico y condena al Consell al pago de las costas, hasta un máximo de 4.000 euros.
Batalla política por la movilidad
El carril BUS-VAO de la Ma-19, en el acceso a Palma, nació como una medida técnica de movilidad y acabó convertido en uno de los ejes más controvertidos del debate político insular.
Desde su puesta en marcha en noviembre de 2022, la izquierda defendió el carril reservado como una apuesta estructural por el transporte público y la alta ocupación, mientras que la derecha lo señaló como un error de planificación que agravaba los atascos y castigaba a miles de conductores.
Los partidos progresistas en el Consell (PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos), que gobernaron durante el pasado mandato presidido por la socialista Catalina Cladera, sostuvieron que el bus-VAO era una herramienta imprescindible para fomentar el uso compartido del vehículo y priorizar el transporte colectivo en uno de los principales accesos a la capital. En su argumentario, el carril debía contribuir a reducir el número de coches en circulación, rebajar emisiones y avanzar hacia un modelo más sostenible.
En el otro lado, el PP y Vox convirtieron el carril en bandera política. Las críticas se centraron en las retenciones diarias que comenzaron a registrarse en horas punta, especialmente en temporada alta. Las imágenes de largas colas en la Ma-19 se hicieron habituales, con un carril completamente saturado, en algunos tramos dos; y uno reservado con mucha menor densidad de vehículos, lo que alimentó la percepción de agravio entre conductores. La oposición denunció que la medida se había implantado sin una alternativa real de transporte público suficientemente dimensionada.
Las quejas ciudadanas no tardaron en trasladarse a redes sociales, medios de comunicación y foros vecinales. Conductores habituales denunciaban incrementos significativos en los tiempos de trayecto hacia Palma. También la patronal del transporte y sectores empresariales vinculados a la logística y al alquiler de vehículos expresaron su malestar, advirtiendo de retrasos, sobrecostes y pérdida de competitividad en plena temporada turística.
En ese contexto, el entonces candidato popular a la presidencia del Consell, Llorenç Galmés, asumió un compromiso claro durante la campaña electoral: si gobernaba, impulsaría la supresión del carril bus-VAO. El carril se convirtió así en una promesa electoral y en un símbolo de lo que la derecha definía como “imposición ideológica” en materia de movilidad.
Tras el cambio político en el Consell, la institución insular inició el pulso institucional con la Dirección General de Tráfico que ha desembocado en los tribunales.
RESPUESTA DEL CONSELL
Fuentes del Consell de Mallorca han mostrado su perplejidad por el hecho de que el informe de la institución fuera vinculante a la hora de crear el carril bus-VAO y sin embargo no lo sea para suprimirlo.
En todo caso se destaca que en los próximos días habrá una reunión del Departamento de Carreteras con la Jefatura Provincial de Tráfico.
