Mejorar la gestión sanitaria para reducir las listas de espera

El Govern aprobó este viernes el decreto de garantía de demora en la sanidad pública que establece los plazos máximos en los que cualquier paciente tiene derecho a recibir asistencia especializada, programada y no urgente en la red pública de Baleares, y que permite ofrecer a los pacientes alternativas en centros privados en el caso de que se incumplan dichos plazos. Según el decreto, los plazos máximos en los que se tiene que prestar la asistencia sanitaria especializada programada y no urgente son de 180 días naturales para las operaciones quirúrgicas y de 60 días naturales para las primeras consultas externas.

Hace dos años, la Conselleria anunció un plan de choque contra las listas de espera que debía costar en torno a los 14 millones de euros que irían destinados a reducir a cero el número de personas que esperan más de seis meses para una intervención quirúrgica o más de dos meses para una consulta. Transcurridos dos años, el número de personas que engrosan las listas en espera de una intervención quirúrgica es prácticamente el mismo, cifrándose en algo más de 13.500 los que deben esperar una media de 84,2 días y en otros 900 que esperan más de seis meses, según datos del Defensor del Paciente.

Esta situación se produce cuando el Ibsalut dispone del mayor presupuesto que ha tenido nunca. Para este 2018, el sevicio de salud público balear dispone de algo más de 1.550 milones de euros, un 5,8 por ciento más que el año anterior y un 20 por ciento superior al presupuesto de 2015, cuando llegó el Pacte a las instituciones. Por otra parte, Baleares es junto a Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, la región en la que el desvío al alza del gasto sanitario respecto a lo presupuestado refleja que ha gastado en siete años el equivalente a ocho años de sus presupuestos.

Nada parece indicar, pues, que la solución a las listas de espera deba llegar sólo de la mano de un mayor gasto. Como tampoco es garantía plena que el aumento del personal público, con las nuevas 5.000 plazas en Salut cuyas oposiciones han comenzado este domingo, redunde en un servicio de mayor calidad. Ni que la acertada decisión de recurrir a la sanidad privada resulte la única solución para paliar el servicio al que el Ibsalut no llega.

Nada servirá si la gestión pública no mejora en términos de efectividad, innovación y análisis previo de la situación. Un servicio público tan fundamental como el que presta el Ibsalut no puede arriesgarse a que el nuevo decreto de demora, y los plazos de espera que prevé, vuelvan a quedar en una ilusión, con la incertidumbre y el perjuicio que ello supondría para la salud de miles de pacientes de nuestra comunidad.