El Govern anunció ayer que ha prorrogado cinco de los innumerables contratos de alquiler que tiene por toda Palma. Los de ayer tienen un importe de 700 mil euros, más de cien millones de pesetas. La cuestión es llamativa porque el Govern, que tiene en propiedad muchos edificios vacíos, algunos de gran interés, que podría acceder a innumerables espacios de titularidad de otras administraciones, siendo Son Dureta o Gesa los casos más llamativos (aunque habría que formalizar el cambio de titularidad), hace décadas que gasta dinerales en alquilar locales habitualmente inadecuados. Existe más de una conselleria en edificios que habían sido concebidos como viviendas, donde la disposición del espacio es inaudita y, pese a ello, allí están. Los gobiernos pasan, pero los contratos se renuevan una y otra vez. Si ustedes piensan un instante, sólo las instalaciones del Gobierno central en Baleares parecen adecuadas a la finalidad que cumplen: sea el edificio de la Administración Periférica, el de Tráfico o el de Hacienda en las inmediaciones del Conservatorio. En cambio, tras tres décadas, al Govern no se le conoce un sólo local digno, excepto aquellos que ocupa por razones históricas como es la conselleria de Economía o, por supuesto, la propia Presidencia.
