Tras la última reunión en Madrid de los partidos firmantes del pacto antiyihadista, se acordó impulsar once medidas planteadas por los expertos del Ministerio del Interior para reforzar la seguridad y prevenir mejor cualquier posible atentado. Entre dichas medidas destaca la obligación de registrar en una base de datos policial a todas las personas que sean clientes de viviendas turísticas o de todo tipo de hospedaje, así como a quienes alquilen vehículos. Esto ya sucede con las personas que se hospedan en establecimientos hoteleros de cualquier categoría y es lógico que se extienda también al alquiler vacacional, teniendo en cuenta lo fácil y asequible que es esta oferta de alojamiento para cualquiera que lo desee.
Lo que no resulta comprensible es que al alojamiento turístico que se oferta principalmente a través de las plataformas de internet, no se le exijan las mismas obligaciones en materia de seguridad, sanidad, higiene, laboral, etc. que son obligatorias para los hoteles. Porque ello supone facilitar la competencia desleal y colocar en situación de desventaja a los hoteles, beneficiando al alquiler turístico por eximirle de dichas obligaciones.
Aunque es cierto que no consta que los autores de atentados yihadistas sean usuarios de viviendas vacacionales, sí está contrastado que en ocasiones han alquilado vehículos con los que a veces han cometido sus atentados. Por ello procede atender las sugerencias de los expertos y realizar los cambios legislativos necesarios para que los citados registros de clientes sean una realidad a la mayor brevedad posible.
