Tras meses de investigación judicial, decenas de declaraciones de imputados y testigos, y un considerable revuelo mediático que afectó a la UIB, el Juzgado de Instrucción nº 9 de Palma ha ordenado el archivo del conocido como ‘caso Minerval’ por falta de pruebas. Argumenta el juez que no está acreditado que los catedráticos Pablo Escribá y Xavier Busquets utilizaran el engaño para vender el Minerval. Y sin engaño no concurre el delito de estafa, según establece la doctrina judicial. Así pues, se ordena archivar el sumario aunque la decisión no es firme y contra ella cabe recurso. Sin embargo, el juez ha informado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya que en su opinión, podrían haberse cometido infracciones muy graves de índole administrativa en la comercialización del Minerval.
Procede ahora, como cada vez que se produce el archivo de una causa penal relevante, analizar de qué forma muchos medios de comunicación trituraron precipitadamente la presunción de inocencia de los investigados y por extensión, el prestigio de la UIB. Además, hay que recordar que el escándalo surgió a pocas semanas de las elecciones al rectorado de la Universitat y que aquello fue descarada e interesadamente utilizado para tratar de minar a uno de los candidatos, el profesor Llorenç Huguet.
De nada sirvió aquella maniobra, ya que obtuvo el respaldo mayoritario en las elecciones y quedó clara la bajeza de quienes habían utilizado un episodio que aún se estaba investigando, para ensombrecer la gestión del rector Huguet sin importarle el daño que se causara a la UIB y a toda su tarea científica e investigadora.
El Minerval no fue una estafa y ya se verá si los profesores concernidos cometieron alguna irregularidad administrativa o no. Pero el daño reputacional ocasionado a Escribá y Busquets es ya injustamente irreparable.
