Resulta auténticamente chocante que desde el Cuerpo Nacional de Policía se haya elevado hasta la Secretaría de Estado de Seguridad un informe de 10 folios y decenas de anexos, con múltiples quejas sobre el fiscal adscrito a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Miguel Ángel Subirán. De ser ciertos los hechos que allí se denuncian, y no hay por qué ponerlos en duda, se trata de diversos episodios de ‘malas contestaciones, falta de educación y falta de modales’ que desvelan, según los agentes, desprecio por su trabajo y un trato despectivo hacia ellos.
No es la primera vez que se oyen quejas por el carácter y el comportamiento de Subirán, aunque estas quejas hasta ahora eran atribuidas a personas investigadas por el fiscal. En este caso la cosa cambia sustancialmente porque son los agentes de la Policía Nacional quienes le critican, cosa que en absoluto es habitual.
Siendo el Ministerio Fiscal un órgano jerarquizado de la Administración de Justicia, el Fiscal Superior de Balears, Bartolomé Barceló, o bien el Fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, debieran tomar cartas en el asunto y remitir la denuncia a la Inspección Fiscal, para que el asunto sea esclarecido con el mayor rigor y la máxima transparencia. Los fiscales, como todo funcionario público, están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y no puede haber impunidad en el caso de que algún miembro del Ministerio Fiscal se extralimite en sus funciones o incurra en abuso de autoridad. Nadie está por encima de la Ley, tampoco los jueces o fiscales, por lo que deben investigarse las denuncias contra Subirán, de modo que se determine su veracidad o falsedad y se obre en consecuencia conforme a la Ley.
