Reclamar para Baleares las competencias de Justicia

La decisión del Ministerio de Justicia de ofertar en Baleares el 70 por ciento de la plazas de promoción interna conllevará la salida de 300 funcionarios interinos que hasta ahora han venido desarrollando su trabajo en las áreas de gestión procesal y administrativa en los juzgados de esta comunidad. El sistema de oposición supone el traslado de un notable número de funcionarios que al obtener plaza fija en Balears desplazarán a los interinos que durante años han cubierto esas plazas, con los consecuentes perjuicios personales y familiares que conlleva la situación. El descontento llevó este lunes a los afectados a manifestarse frente a las puertas de los juzgados en Sa Gerreria pidiendo soluciones.

Por su parte, los promocionados que han obtenido sus plazas en Baleares también se han quejado en las últimas semanas del destino forzoso a una comunidad en la que, según sus propias palabras, deberán soportar costes de vivienda y de carestía de la vida muy superiores a los que tenían en sus lugares de origen. En la práctica, pasados dos años, muchos de ellos pedirán el traslado a otras comunidades y se volverá a generar una plantilla de interinos que repetirá una situación de inestabilidad.

La situación no parece contentar a unos ni a otros, por lo que añade incertidumbre a las carencias que históricamente se vienen produciendo en el ámbito de la administración de justicia, donde la escasez de recursos y la lentitud de los procedimientos es ya un escenario habitual. El Ministerio no acierta aplicando un sistema que no sólo no garantiza la estabilidad de las plantillas, sino que acaba generando gasto público en forma de indemnizaciones y prestaciones de desempleo al prescindir de un número tan elevado de interinos.

Modificar la relación de las plazas ofertadas podría ser una opción, aunque no sería descabellado reclamar para Baleares las competencias de Justicia, como ya hicieron otras comunidades autónomas. Un traspaso, con la correspondiente dotación económica, cerraría el circuito de acceso a las plantillas y la gestión de los recursos desde un punto de vista de mayor proximidad y evaluación de las necesidades, evitando el traslado de funcionarios entre comunidades que tantos problemas puede desencadenar. Hay once comunidades con la Justicia transferida, desde Cataluña a Andalucía o de Asturias a Canarias, pasando por Aragón o el País Vasco. Si se hizo con la Educación o la Sanidad, tiene sentido hacerlo también con la Justicia.