Son Banya, una pésima gestión por parte de Cort

Probablemente el derribo de Son Banya ha sido uno de los asuntos peor gestionados por el equipo municipal de Palma en el actual mandato. Después de una orden judicial y tras iniciarse los primeros derribos en julio pasado, la demolición del poblado chabolista ha sido objeto de no pocas polémicas. En estos pocos meses hemos asistido a denuncias de intereses urbanísticos, a inéditas manifestaciones frente a la Audiencia Provincial, concentraciones en las puertas del Parlament, a cargas policiales... La guinda a todo este desaguisado la ponía este miércoles Cort al anunciar que suspendía el grueso de los derribos pendientes nada menos que hasta el año 2020.

El equipo de Noguera tirá la toalla, pues, en un asunto que quedará para una futura administración municipal, ya que durante todo el año 2019 las acciones planteadas son mínimas y aún quedarán 80 chabolas por derribar y 28 familias por reubicar. El argumento esgrimido es el de la falta de viviendas para realojar a los desahuciados con menos recursos, una carencia que a juicio de los responsables municipales será más fácil de acometer dentro de año y medio.

Con las elecciones municipales por medio, a nadie se le oculta la posibilidad de que a partir de mayo pueda haber un nuevo equipo al frente del Ayuntamiento de Palma, de forma que los actuales gobernantes estarían endosando a un futuro equipo la solución definitiva del problema.

Ante esta eventualidad, desde Cort consideran que, precisamente al estar prevista una parte de los derribos en 2019 y principios de 2020, se implicó en un pacto municipal a la oposición representada por el Partido Popular y Ciudadanos. El problema reside en que, en las últimas semanas, ambas formaciones han abandonado este pacto criticando el oscurantismo, los recortes presupuestarios y la falta de gestión por parte de los responsables municipales.

La situación pone de manifiesto la escasa capacidad de reacción de quienes han sido los responsables de emprender el plan de demolición; de forma que, al final, a los ciudadanos les queda la sensación de que poco a nada se ha avanzado en la eliminación definitiva de un reducto que, durante años, ha sido sinónimo de marginalidad y narcotráfico. Y que los planes emplazados ahora para el año 2020 bien podrían volver a modificarse, incluidas resoluciones judiciales.