El anuncio del Ayuntamiento de Palma de destinar 4,5 millones de euros a la construcción de nuevas viviendas municipales en 2026 es una noticia en la dirección correcta. La administración local asume que el acceso a la vivienda es el gran desafío social de nuestra época. Y que, en Palma, este problema se ha vuelto asfixiante: los precios no paran de subir, los alquileres expulsan a las familias del centro, y los jóvenes viven condenados a compartir o marcharse.
La inversión se completa con 1,2 millones para la rehabilitación de edificios públicos, hasta 80 viviendas, y con una línea de ayudas de 500.000 euros para mejorar la accesibilidad. En total, un presupuesto de 24,8 millones en Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos para el 2026 que refleja una voluntad política acertada. Pero, a estas alturas, el ciudadano ya no se conforma con buenas intenciones: quiere resultados visibles y rápidos.
La vivienda no puede esperar. Cada día que pasa sin respuestas, los precios suben y las desigualdades se agravan. Los anuncios presupuestarios, si no van acompañados de plazos, obras y entregas, se diluyen en la niebla burocrática
Los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, han escalado hasta niveles que muchas familias no pueden asumir. Palma, como capital de isla y como ciudad con una fuerte demanda turística y residencial, sufre los efectos de esta presión: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que se ven obligadas a residir lejos del núcleo urbano, y arrendamientos que encarecen la vida cotidiana.
La vivienda no puede esperar. Cada día que pasa sin respuestas, los precios suben y las desigualdades se agravan. Los anuncios presupuestarios, si no van acompañados de plazos, obras y entregas, se diluyen en la niebla burocrática que tanto daño ha hecho a la credibilidad institucional. Es imprescindible más detalle sobre cuándo y dónde se construirán esas viviendas, un calendario y transparencia de la acción.
La apuesta de Palma es correcta y urgente. Pero debe convertirse en acción. De nada sirve tener 4,5 millones si las obras se eternizan o las licitaciones se quedan desiertas, como ya ocurrió en fases anteriores. La ciudad necesita movimiento, grúas, proyectos en marcha y llaves entregadas. Sólo así podrá decirse que la política de vivienda pública empieza a dar frutos.
La vivienda es, hoy, el principal termómetro de justicia social. Un gobierno municipal que actúe con eficacia en este campo ganará algo más que crédito político: ganará la confianza de una ciudadanía cansada de promesas y expulsada, poco a poco, de su propia ciudad.
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