La aparición de la Plataforma pel Consens a la Platja de Palma —que agrupa a 27 entidades vecinales, cívicas, culturales, deportivas, sindicales y empresariales— supone un hecho muy relevante en el universo asociativo de la ciudad. De acuerdo con los datos que han hecho públicos, la zona de la Playa de Palma genera cerca del 40 % de la recaudación municipal. Por ello, reclaman que si se aporta tanto, se debe reinvertir de forma proporcional y prioritaria.
Este colectivo ha elaborado un dossier con 36 propuestas que van desde seguridad, limpieza y mantenimiento hasta infraestructuras sanitarias y deportivas. Como afirma su portavoz, Miquel Cañellas, “no pedimos lujos ni grandes obras, solo poder pasear sin miedo, tirar la basura sin mirar atrás o ir en bici con seguridad”.
Los vecinos agrupados en la neonata plataforma reclaman cuestiones básicas y elementales, que toda administración responsable debe garantizar de por sí. El momento elegido es asimismo oportuno: los presupuestos municipales de 2026 incluyen una cifra histórica: 623,9 millones de euros, que se elevan a 956,2 con organismos autónomos y sociedades municipales.
La plataforma plantea que la Playa de Palma no quede al margen de ese esfuerzo presupuestario, pues no es admisible ignorar una parte del municipio de Palma que contribuye enormemente a la riqueza de la ciudad y sin embargo, carece de infraestructuras básicas para los residentes, como biblioteca municipal, casal de barri, etc.
Los vecinos agrupados en la neonata plataforma reclaman cuestiones básicas y elementales, que toda administración responsable debe garantizar de por sí
El reto para Martínez y su equipo es claro. Las peticiones son asumibles, lógicas y justas. El consistorio sólo tiene que decidir si recoge el guante y se pone manos a la obra. “Estamos dejando el trabajo hecho al Ayuntamiento; solo tienen que escucharnos”, afirma Cañellas.
S’Arenal no puede seguir siendo el granero que alimenta el presupuesto de la ciudad sin recibir a cambio inversiones, servicios y atención equivalentes. El Ayuntamiento tiene ahora la oportunidad de demostrar que cree en la equidad territorial, que entiende la ciudad como un todo y que cuando unos ciudadanos se organizan para reivindicar lo justo, no se les responde con silencio ni desdén. En el fondo, no se trata solo de presupuestos: se trata de reconocimiento, justicia y responsabilidad.
