Las principales patronales de la hostelería en Mallorca han cerrado filas contra el Anteproyecto de Ley antitabaco que impulsa el Gobierno central. Los restauradores de CAEB y PIMEM han manifestado por separado su rechazo a la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, una medida que consideran desproporcionada y perjudicial para un sector clave en la economía de las islas.
Las dos asociaciones han situado el debate en clave macroeconómica. CAEB ha recordado que la contribución directa e indirecta del turismo supera el 40 por ciento del PIB regional en Baleares, mientras que las actividades vinculadas al comercio, el transporte, la hostelería y el ocio representan más del 41 por ciento de la estructura productiva del archipiélago. Mallorca, además, concentra más del 71 por ciento de los visitantes que recibe Baleares y genera más del 72 por ciento del gasto turístico total, en un año en el que las islas recibieron más de 19 millones de turistas en 2025.
PIMEM, por su parte, ha subrayado que el sector servicios sustenta el 75,6 por ciento del PIB nacional y que la hostelería independiente es el principal dinamizador de los municipios. La patronal ha advertido de que restringir el uso de los espacios exteriores puede ahuyentar tanto a la clientela habitual como al turismo internacional, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo estables.
Ambas organizaciones han insistido en que "la terraza no es un espacio accesorio" para la hostelería mallorquina, sino parte del propio producto turístico, y han alertado de que la propuesta situaría a España en una posición más restrictiva que otros destinos competidores del Mediterráneo. CAEB ha citado el caso de Francia, que ha excluido expresamente las terrazas de su reciente ampliación de espacios sin humo.
"EL HOSTELERO CONVERTIDO EN VIGILANTE"
Uno de los puntos que más rechazo genera en el sector es la responsabilidad que la norma trasladaría a los propios establecimientos. PIMEM ha denunciado que la ley obliga a los hosteleros a asumir una función de vigilancia policial, enfrentándose a clientes y respondiendo por sanciones administrativas derivadas de conductas individuales de terceros en la vía pública.
CAEB ha coincidido en este diagnóstico y ha calificado de inviable exigir a los establecimientos que asuman funciones propias de la autoridad en terrazas con un tránsito continuo de personas, más aún cuando las sanciones pueden alcanzar los 10.000 euros por conductas ajenas al propio negocio. PIMEM ha añadido que la prohibición de logotipos obligaría además a renovar mobiliario y costear nueva cartelería, un gasto que considera inasumible para negocios que ya operan con márgenes ahogados por los costes de personal.
FALTA DE CONSENSO Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Las dos patronales han reprochado al Ministerio de Sanidad que haya optado por una prohibición radical en lugar de explorar fórmulas de autorregulación o incentivos públicos. CAEB ha planteado mantener la prohibición de fumar en todos los espacios interiores, mientras propone permitir el consumo en terrazas abiertas mediante zonas diferenciadas para fumadores y no fumadores, con distancias mínimas cuando resulte necesario, un criterio que extendería también a las terrazas de locales de ocio y salas de fiesta. En ambos casos, defiende que la responsabilidad de un eventual incumplimiento recaiga sobre la persona que fume y no sobre el titular del establecimiento.
El presidente de PIMEM Restauración, César Amable, ha sido tajante. "No se puede asfixiar más a quien levanta la persiana cada día. Las terrazas son el pulmón económico de nuestros bares y restaurantes en Mallorca. Prohibir fumar y vapear al aire libre de forma radical, equiparando además el cigarrillo al vaper, es un error que destruirá la competitividad de nuestras pymes frente a otros destinos del Mediterráneo. Exigimos que se escuche al sector en el trámite parlamentario y se apliquen criterios de flexibilidad y sentido común".
Desde CAEB han cerrado con un mensaje similar. "La protección de la salud pública es irrenunciable, pero también lo es preservar la sostenibilidad de un sector estratégico para Mallorca. Las medidas deben ser proporcionadas, coherentes con el entorno europeo y compatibles con el mantenimiento de la actividad económica y el empleo".
