La propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada la semana pasada por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nace viciada de origen. No es fruto del consenso entre comunidades ni de un debate multilateral serio, sino del acuerdo político entre el PSOE y ERC para garantizar el apoyo de los independentistas al Gobierno de Pedro Sánchez. Ese es el problema de fondo. Y por eso el rechazo frontal del Govern de Marga Prohens no solo es comprensible, sino necesario.
El modelo no responde a criterios de equidad, suficiencia financiera ni lealtad institucional. Responde a una transacción política muy concreta: contentar a Cataluña para mantener a flote al Gobierno. Lo dijo gráficamente un presidente autonómico socialista, Emiliano García-Page: el pastel del reparto es más grande, sí, pero los trozos son más injustos. Y Baleares lo sabe bien. Más recursos globales no sirven de nada si el reparto sigue penalizando a quienes más aportan y menos reciben.
El modelo no responde a criterios de equidad, suficiencia financiera ni lealtad institucional. Responde a una transacción política muy concreta: contentar a Cataluña para mantener a flote al Gobierno
La gran concesión es la ordinalidad para Cataluña. Un principio que garantiza que, tras la redistribución, una comunidad no caiga puestos en el ranking de financiación per cápita. Para Cataluña, sí. Para el resto, no. Ese doble rasero es profundamente insolidario y rompe cualquier discurso de igualdad territorial. No se puede defender la solidaridad interterritorial mientras se blindan privilegios singulares a una sola comunidad.
Lo más grave es el método. No se ha negociado con todas las comunidades autónomas. No se ha convocado un verdadero foro de diálogo. Se ha pactado con Cataluña y después se pretende que el resto pase por caja. Baleares no puede aceptar ese papel de convidado de piedra, obligado a asumir un trágala diseñado en La Moncloa para satisfacer a los independentistas de izquierdas liderados por Oriol Junqueras, un delincuente convicto que ha sido primero indultado y después amnistiado por Sánchez.
La financiación autonómica es una cuestión estructural, no una moneda de cambio parlamentaria. Afecta a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la cohesión territorial. Baleares arrastra desde hace años una infrafinanciación crónica y no puede aceptar un modelo que consolida agravios y legitima privilegios inaceptables.
Mención aparte merece la pretensión de obligar a los gobiernos autonómicos a subir impuestos o reimplantar los suprimidos. Ese atentado contra la autonomía tributaria y financiera para compeler a los gobiernos del PP a asumir la política fiscal de la izquierda, radicalmente contraria a toda reducción de impuestos, es inasumible.
El Govern hace bien en plantarse. No por tacticismo político, sino por responsabilidad institucional. Un sistema injusto, impuesto y negociado en despachos ajenos, no es un acuerdo: es una imposición. Y Baleares no puede aceptarla en silencio.
