La reacción del Gobierno central al veto balear al alquiler de embarcaciones de recreo (también conocido como ‘Airbnb náutico’, evidencia una nueva divergencia de calado entre el Gobierno central (PSOE-Sumar) y el Govern balear (PP).
Lo que en principio era una divergencia sobre la seguridad marítima y la protección del litoral, ha escalado hasta convertirse en un enfrentamiento político que se dirimirá en los tribunales, tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el decreto del Govern que prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones de recreo inscritas en la lista 7ª, poniendo en cuestión la propia capacidad de la comunidad para defender su modelo turístico.
Desde el Govern se esgrimen razones como la seguridad marítima, control de la presión turística en el litoral, y protección de la convivencia y del medio ambiente. Toni Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo, lo dejó claro al afirmar que “no existía una demanda real en Baleares para esta actividad” y que con los pocos barcos que han tramitado el cambio de uso —tres en toda la comunidad— el recurso estatal resulta difícil de justificar desde el interés general.
El alquiler de barcos de recreo particulares es una medida que no goza de respaldo social ni político apreciable en Baleares
El alquiler de barcos de recreo particulares es una medida que no goza de respaldo social ni político apreciable en Baleares. Incluso el PSIB-PSOE aseguró públicamente que había un acuerdo con el Gobierno central para que Baleares quedara excluida de la normativa estatal. Con la interposición del recurso por parte del Gobierno central, queda demostrado que aquel pretendido “acuerdo” no existe.
La credibilidad política del PSIB está en juego, cuando se hacen anuncios que los hechos desmienten. Y sería bueno que los socialistas de Baleares hagan ver a sus compañeros Madrid que su ‘Airbnb náutico’ es una mala idea, al menos en un archipiélago que se supone sobresaturado de turistas.
Además, los recursos judiciales no deberían ser la primera opción de un Gobierno que se autoproclama dialogante y partidario de evitar la judicialización de la política. Esta es una buena oportunidad para demostrarlo.
