El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este viernes la proposición de ley que permitirá regular la afluencia de vehículos en la isla y establecer limitaciones a su entrada a partir de la temporada turística de 2027. La iniciativa, considerada una de las principales promesas del presidente insular, Llorenç Galmés, será remitida ahora al Parlament balear para su tramitación y aprobación definitiva.
La propuesta ha salido adelante en un pleno extraordinario con los votos favorables del PP, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y El PI-Coalició per Mallorca. Vox, que inicialmente se perfilaba como el único grupo contrario a la norma, ha optado finalmente por la abstención al reconocer la existencia del problema del colapso circulatorio, aunque rechazando la solución planteada.
Durante la defensa de la iniciativa, el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha subrayado que la ley tendrá plena efectividad una vez entre en vigor y no requerirá de un desarrollo reglamentario posterior. Según ha explicado, el Consell ya trabaja en un segundo estudio de carga que determinará el número máximo de vehículos que podrán entrar en la isla cada año o cada dos años, así como en la ordenanza fiscal que regulará el cobro de las tasas previstas.
Rubio ha defendido que la medida responde a una demanda creciente de la ciudadanía. “No es una cuestión ideológica, sino una cuestión de Estado y un clamor que cada día nos piden los mallorquines con más fuerza”, ha afirmado.
TECHO DE VEHÍCULOS Y TASA DISUASORIA
La futura normativa, similar a las ya vigentes en Ibiza y Formentera, contempla la fijación de un límite de vehículos procedentes del exterior de Mallorca y un techo específico para los coches de alquiler. Además, establece una tasa de carácter disuasorio para los vehículos que entren en la isla, cuyo importe todavía está por determinar.
Según los datos manejados por el Consell, en Mallorca circulan alrededor de un millón de vehículos y solo en 2023 accedieron a la isla unos 400.000 automóviles a través de los puertos, el doble que en 2017.
Las navieras serán las encargadas de gestionar las autorizaciones y el cobro de las tasas. El control se realizará mediante un sistema telemático y cámaras de lectura de matrículas instaladas en los puertos. La ley prevé sanciones que oscilarán entre los 300 y los 30.000 euros para quienes incumplan la normativa.
EXENCIONES Y EXCEPCIONES
La regulación no afectará a los residentes en Mallorca. Tampoco estarán sujetos a limitación los no residentes que dispongan de una vivienda en la isla, aunque solo podrán registrar un vehículo siempre que tribute en Mallorca.
Asimismo, quedarán exentos de las restricciones los desplazamientos por motivos médicos o familiares de residentes baleares, los vehículos de personas con movilidad reducida, los vehículos oficiales y de servicio público, así como los destinados al transporte de mercancías y distribución comercial.
DEBATE POLÍTICO
El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha calificado la aprobación de la iniciativa como un momento “histórico” y ha destacado el amplio consenso alcanzado para responder a una de las principales preocupaciones de la sociedad mallorquina.
Desde la oposición, la portavoz socialista, Cati Cladera, ha coincidido en que “Mallorca está colapsada de coches” y ha reconocido que existe un amplio consenso social sobre la necesidad de actuar. Sin embargo, ha criticado la demora en la aplicación de la medida y acusado al PP de limitarse a realizar anuncios sin efectos inmediatos.
Cladera ha reclamado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, impulse un decreto ley para permitir la entrada en vigor de restricciones ya este mismo verano. La proposición de ley inicia ahora su recorrido parlamentario. Durante su tramitación en el Parlament, los grupos políticos podrán presentar enmiendas que modifiquen el texto antes de su aprobación definitiva.
