Que más de diez mil personas se manifiesten en Palma -10.000 según la Delegación del Gobierno y 13.000, según el PP- constituye un incuestionable éxito de convocatoria. La concentración en la capital balear se desarrolló a la par que las convocadas por el Partido Popular en las principales ciudades españolas en contra de los pactos alcanzados por el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y que incluyen la amnistía para los implicados en el Procés, además de otros acuerdos que ponen en riesgo la igualdad de todos los españoles.
Como los del resto de ciudades españolas -donde se han llegado a sumar hasta un total de dos millones de manifestantes-, el acto de Palma ha constituido un ejercicio cívico de legítima reivindicación y un clamor masivo en defensa del cumplimiento de una legalidad que se ha visto comprometida por las decisiones de Pedro Sánchez al suscribir -con partidos como ERC, Junts, el PNV o Bildu- una serie de acuerdos que parecen alejados de los principios fundamentales de una democracia arraigada en la soberanía nacional, la separación de poderes y el respeto por el imperio de la ley.
La protesta frente a Delegación del Gobierno no se limitó al comunicado leído por Pere Rotger o los gritos coreados contra la sumisión de Sánchez ante el independentismo, sino que representó una demostración de presión social que debería hacer reflexionar al PSOE acerca de unas negociaciones para la investidura que van en detrimento de los intereses generales de España. Fue una llamada a la dignidad política de aquellos que, con su voto, parecen estar dispuestos a ceder ante el separatismo con condiciones inaceptables que ponen en riesgo la separación de poderes, socavan la independencia judicial y amenazan los pilares de una democracia que ha sido un motor de progreso para España durante los últimos 45 años.
Negociar una investidura bajo el chantaje de la impunidad y la promesa de inmunidad para aquellos que no respetan la ley como principio fundamental representa una renuncia a los principios del propio PSOE como partido con vocación nacional, implica una ruptura con el acuerdo democrático que los españoles forjaron en 1978 y menosprecia una Constitución que es el cimiento esencial de nuestra democracia.
La movilización de este domingo debería constituir un llamamiento a la cordura institucional y a la lógica política, instando a utilizar el poder como un instrumento para proteger los derechos de todos los españoles de manera equitativa, en lugar de aprovecharlo como un recurso oportunista para lograr una investidura a toda costa.
