Diario de Mallorca publicó ayer una de esas historias que provocan la indignación de cualquier ciudadano, sobre todo en momentos de crisis económica, cuando es necesario extremar las políticas que propicien la creación de empleo. Según esta información, el Ayuntamiento de Palma ha mantenido bloqueados hasta ahora una decena de proyectos de establecimientos comerciales, simplemente porque a alguna luminaria se le ocurrió pedir más documentación que la necesaria, quiso complicar más el papeleo que lo lógico. Así, varios 'mercadonas', 'supercors' y algún 'lidl' han estado esperando a que estos funcionarios y mandos intermedios tuvieran a bien dar un certificado con el que la dirección de Comercio empezara a tramitar su expediente. Todo esto porque en Baleares, para hacer un puñetero supermercado tienen que participar un ejército de funcionarios que son capaces de paralizarlo todo, pero que no han impedido que tengamos el urbanismo más caótico del mundo. La intromisión del sector público en cuestiones menores como estas provocan indignación. Cada uno de estos establecimientos supone una inversión de unos 3 millones de euros y, por lo tanto, muchos puestos de trabajo tanto en la construcción como en el funcionamiento del propio establecimiento. Pues bien, mientras nuestros fantásticos gestores se llenan la boca hablando de la crisis, las inversiones están paradas porque el que tenía que poner el sello verde hoy no ha venido. ¡¡Qué vergüenza!!
