La decisión de la Sala de la Audiencia Nacional de excluir al expresidente del Govern de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, del juicio por su presunto papel en la trama de ocultación de patrimonio en el extranjero reabre el debate sobre equilibrio entre las garantías procesales y la exigencia de responsabilidad política y moral.
A sus 95 años, y con un deterioro cognitivo acreditado, el tribunal ha optado por aplicar un principio básico del Estado de Derecho: nadie puede ser juzgado si no está en condiciones de comprender el proceso ni de defenderse adecuadamente. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la decisión es difícilmente discutible. La capacidad procesal no es un formalismo, sino una condición esencial para la validez de cualquier juicio.
Sin embargo, el alcance de esta resolución trasciende lo jurídico. Pujol no es un acusado cualquiera. Durante décadas fue una figura central de la política española y, especialmente, catalana. Su legado, ya erosionado desde la confesión en 2014 de la existencia de fondos no regularizados en el extranjero, queda ahora definitivamente al margen del escrutinio penal en sede judicial. El 'molt honorable president' no deberá responder penalmente de sus propios actos, pues la Justicia, como tantas veces, llega tarde. Y cuando eso sucede, no se puede hablar de justicia real.
Esta exoneración, aunque fundada en razones humanitarias y legales, deja inevitablemente una sensación de cierre incompleto. La justicia llega tarde, o no llega, cuando el tiempo convierte en inviables los mecanismos que deberían haber actuado con mayor celeridad. La dilación en procedimientos complejos puede terminar vaciando de contenido el propio ejercicio de la justicia.
El caso Pujol se encamina así hacia un desenlace sin condena para su principal protagonista. Queda, eso sí, la responsabilidad histórica. Y esa, a diferencia de la penal, no prescribe ni depende del estado de salud de quien la arrastra.
