Foto: J. Fernandez Ortega / Martín Aleñar contestando a las preguntas de mallorcadiario.com
El conflicto en torno al turno de oficio suma un nuevo capítulo. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) ha cargado con dureza contra el criterio adoptado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que establece que las actuaciones de los abogados de oficio en los llamados Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) no se abonarán si el procedimiento no termina con acuerdo entre las partes.
La decisión, que se aplicará mientras no se aprueben los nuevos baremos previstos en una futura reforma reglamentaria, ha provocado un profundo malestar en el sector. Desde el colegio advierten de que esta interpretación convierte el acceso a la justicia gratuita en una auténtica “carrera de obstáculos para los ciudadanos con menos recursos”.
Según el comunicado difundido por el ICAIB, “el Ministerio está condicionando el pago del trabajo de los abogados a un resultado que, por definición, no depende exclusivamente de ellos. Que las partes alcancen un acuerdo en el proceso de mediación o conciliación”. Si ese acuerdo no llega, el profesional que ha intervenido en el procedimiento no percibirá compensación económica alguna.
Para el ICAIB, esta situación no solo perjudica a los letrados del turno de oficio, sino que “afecta directamente a los usuarios de la justicia gratuita”. El colegio denuncia que, además, el Ministerio tampoco ha previsto mecanismos para que los ciudadanos “puedan acceder sin coste a los MASC”, pese a que la nueva normativa los convierte en un requisito previo obligatorio antes de acudir a los tribunales.
En la práctica, sostienen los abogados, el sistema puede dejar “a muchos beneficiarios de justicia gratuita en una situación de bloqueo”. Ya que, están obligados a intentar una mediación previa “que no pueden costear y en la que, además, el abogado que les asista podría no cobrar si no hay acuerdo”.
El malestar se agrava, además, por la desigualdad territorial. El ICAIB recuerda que en comunidades autónomas con las competencias de justicia transferidas “sí se retribuye el trabajo de los abogados en estos procedimientos” con independencia del resultado. Baleares, al formar parte del llamado “territorio común” gestionado por el Ministerio, queda fuera de ese sistema.
Desde la institución colegial consideran que el criterio ministerial supone “un nuevo e inaceptable desprecio” hacia los profesionales del turno de oficio, que prestan un servicio público de forma permanente y en muchas ocasiones en situaciones de gran vulnerabilidad social.
Por ello, la Junta de Gobierno ha instado públicamente al Ministerio a rectificar y a garantizar que las actuaciones de los abogados en procesos de conciliación o mediación “se compensen siempre, exista o no acuerdo entre las partes”.
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