Agua del grifo por ley en los restaurantes

El borrador del proyecto de Ley de Residuos que el Govern quiere impulsar antes del final de legislatura concluyó su periodo de información pública hace dos semanas. La ley, con gran proyección fuera de nuestra comunidad por incluir la prohibición de las cápsulas de café o las maquinillas de afeitar de un solo uso, ha recibido un total de 80 alegaciones. Una de ellas, la presentada por parte de los empresarios de bares y restaurantes, a quienes la ley obligaría a servir jarras con agua del grifo acompañando cualquier comida encargada por sus clientes.

Con esta medida, el Govern quiere reducir el volumen de plástico que significan miles de botellines de agua desechados. La idea puede ser buena, pero la forma de ejecutarla es, a todas luces, equivocada.

Los restauradores están convencidos de que su alegación para parar este punto de la nueva ley prosperará. Entre sus argumentos señalan que la ley les estaría obligando a dar gratis un producto que a ellos les cuesta dinero. Pero, sobre todo, que estarían ofreciendo un producto de mala calidad, lo que no tendría justificación ninguna por mucho que no tuviera coste para el cliente.

El agua que sale por los grifos de Mallorca es potable, pero su sabor deja mucho que desear. En algunos municipios es, manifiestamente, mala. Los restaurantes que se esfuerzan en mejorar su oferta cada año se verían obligados a ofrecer de forma complementaria a sus platos un producto de calidad inferior, por lo que confían en la sensatez de los legisladores para reconducir este aspecto antes de que el cuerpo de la ley sea definitivamente aprobado. Y no digamos ya el trauma que representaría en los restaurantes gourmet que ofrecen carta de aguas minerales.

Da la sensación de que el redactado inicial únicamente ha tenido en cuenta los aspectos referidos a los residuos, sin contemplar los efectos que una decisión de este calibre tendría en términos de imagen o promoción de nuestra gastronomía y calidad de los servicios. Es deber del Govern conjugar ambos intereses antes de que la ley entre en el Parlament.

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