Álvaro García de Polavieja: "El decreto del chárter náutico se está utilizando para eliminar competencia"

APANIB nació hace apenas un año y medio, y lo hizo de forma reactiva. Primero fueron los problemas de acceso a las rampas que utilizan las empresas de alquiler de embarcaciones; después llegó el Decreto autonómico 44/2025, aprobado en agosto del año pasado, que introdujo una serie de requisitos y barreras de mercado que, según García de Polavieja, "ninguna de las asociaciones existentes hasta entonces defendía". APEAM (Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas), que agrupa sobre todo a empresas de golondrinas, y AECIB (Asociación de Empresas de Charter de las Islas Baleares) eran, a su juicio, "insuficientes para representar los intereses de las pymes de chárter", así que un centenar largo de pequeños empresarios y autónomos decidieron constituir su propia entidad.

El decreto, sin embargo, se ha discutido en la prensa casi en exclusiva a través de un único asunto: la posibilidad de que particulares alquilen turísticamente sus embarcaciones de uso privado, la llamada lista séptima. García de Polavieja lo llama directamente "una polémica vacía de contenido" y aporta cifras para sostenerlo. En Baleares solo dos embarcaciones han solicitado ese cambio de uso temporal desde que la normativa estatal lo permite; en toda España, apenas una veintena, con Granada a la cabeza y catorce solicitudes. Para él, el ruido generado en torno a este punto ha servido para desviar la atención de lo que realmente afecta a cientos de empresas del sector.

DIFERENCIAS ENTRE LAS DIFERENTES LISTAS NÁUTICAS

Para analizar en profundidad la problemática que plantean cada uno de los bandos es necesario ubicar dónde se encuentran registrados las embarcaciones registradas. La Lista Segunda corresponde a los buques de transporte de pasajeros, como las golondrinas, autorizados a vender billetes individuales porque legalmente son eso, transporte, no alquiler náutico, donde se encuentran la mayoría de los representados por APEAM O AECIB. La Lista Sexta es la de las empresas dedicadas profesionalmente al chárter: barcos de alquiler que deben cumplir requisitos de seguridad, patrones titulados, inspecciones periódicas y seguros reforzados, como las que agrupa APANIB. Y la Lista Séptima es la de las embarcaciones de uso privado, las que compra un particular para su disfrute personal, que con la normativa estatal impulsada por Sánchez, permite alquilar comercialmente hasta tres meses al año, el llamado "Airbnb náutico".

EL FONDO QUE REALMENTE PREOCUPA A APANIB

La limitación de acceso a las rampas, exigir amarres que todavía no existen y la prohibición de vender plazas sueltas en una embarcación, son los asuntos que realmente preocupan a APANIB. El decreto balear corta de raíz la práctica de muchos de los asociados a APANIB, limitando su actividad y equiparándolos a un transporte de pasajeros, una interpretación que la asociación rechaza de plano. García de Polavieja que atiende a mallorcadiario.com recuerda que la propia Dirección General de la Marina Mercante, competente sobre los contratos de arrendamiento náutico, se ha pronunciado en sentido contrario, sin considerar esa actividad como transporte. Incluso asegura que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua les trasladó verbalmente que si Marina Mercante se pronunciaba a favor, el Govern reconsideraría la norma. "Aquí estamos esperando a que la reconsideren", apunta con cierta ironía.

Frente al informe de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que respalda la interpretación del Govern, García de Polavieja opone otro relato. "Ese informe llegaría precedido de otro elaborado por las propias empresas de golondrinas, y coincidiría con la posición que estas vienen defendiendo desde hace años". Según su lectura, detrás de la prohibición de vender tickets estarían justamente esas compañías, interesadas en que los veleros de recreo "no les hagan competencia en las excursiones por plazas". Pone en duda además la representatividad de las asociaciones que apoyan el decreto: APEAM, dice, agrupa a treinta y pico empresas de golondrinas y solo diez de chárter, "algunas de las cuales hacen venta de tickets", mientras que AECIB suma catorce asociados de chárter. Entre las dos, poco más de veinte empresas frente a las 110 que dice representar APANIB.

EL DECRETO AFECTA A LA FORMACIÓN

Una de las derivadas que más le indigna es la que afecta a la formación náutica. Al prohibirse la venta de plazas, sostiene, "también quedan afectadas las salidas formativas que organizan patrones profesionales, incluidas escuelas extranjeras que llevaban años formando navegantes en aguas baleares". "¿Qué sentido tiene prohibir que se formen los navegantes?", se pregunta. Tampoco entiende la exigencia de disponer de un amarre, boya o punto de embarque y desembarque autorizado cuando esa infraestructura, recuerda, "todavía no existe". La reciente ley de puertos prevé que los puertos habiliten esos puntos, pero el decreto obliga a usarlos antes de que estén disponibles. "Lo lógico es hacerlo al revés", defiende.

LA SATURACIÓN DE LA COSTA

García de Polavieja, que navega habitualmente por el norte de Ibiza, no niega que exista un problema real de saturación en calas y playas durante determinadas semanas del verano. Pero cree que ese debate se ha utilizado de forma instrumental. En su opinión, "eliminar embarcaciones de chárter no reduce la presión sobre la costa, sino que empuja a quien quiere navegar a comprarse un barco propio", lo que a la larga "podría generar más tráfico, no menos". Defiende, en cambio, apostar por fórmulas compartidas —chárter, clubes de navegación— como herramienta para hacer sostenible "el uso del mar", sin dejar de reconocer que el asunto afecta a todas las embarcaciones, también a las privadas y a las que llegan cada verano desde Francia, Alemania o Italia.

LA IMAGEN DE BARCOS SIN TITULACIÓN HUNDIÉNDOSE EN LA COSTA

Tampoco elude la parte más incómoda para su propio sector. Las imágenes de barcos pequeños, sin patrón titulado, a punto de hundirse por manos inexpertas, que tanto daño reputacional han hecho al chárter en los últimos veranos. Admite que la norma que permitía alquilar embarcaciones sin ninguna titulación fue, "cuando menos, arriesgada", y que detrás de aquella decisión "hubo intereses comerciales". Ve con normalidad que Marina Mercante haya decidido poner fin a esa práctica a partir de octubre, aunque reconoce que perjudicará a empresas que invirtieron confiando en la norma anterior.

@adricamacho17 HUNDIMOS UN BARCO EN MALLORCA sin querer 😅 @David Agüero @tato @litos2228 #fy #viral #humor #tiktok #follow #funny #happy #trending #mallorca #barco #mar #hundimiento ♬ sonido original - CamachiN

EL INTRUSISMO EN EL MAR BALEAR

Sobre el intrusismo, la palabra que más se repite en este debate, García de Polavieja se muestra igual de escéptico con las cifras que circulan. No dispone de datos sobre cuántas embarcaciones operan de forma ilegal, y cuestiona a quienes sí los ofrecen sin explicar "cómo los calculan". Para él, la piratería de verdad "es la de particulares que alquilan sus barcos en negro", a través de contactos, grupos de Facebook o portales de anuncios ajenos al sector náutico, embarcaciones de lista séptima que, según le trasladó el propio conseller, no se inspeccionan porque la administración balear no tiene competencias sobre ellas.

La paradoja, señala, es que el endurecimiento del control sobre la lista sexta —la que cumple con todos los requisitos— "podría estar empujando a más operadores hacia la informalidad". A eso se suma la restricción de acceso a rampas y amarres que, según denuncia, "ya están aplicando algunos clubes náuticos y PortsIB", cansados de la mayor rotación de usuarios que generan las empresas de chárter frente a los barcos particulares.

Preguntado por el cálculo que hizo pública la asociación —siete de cada diez empresas en riesgo de cierre y hasta 800 empleos afectados—, explica que salió de una "encuesta interna entre los asociados sobre facturación, plantilla y previsión de inversión", realizada hace ya varios meses. Reconoce que fue un ejercicio de previsión, no un recuento de hechos consumados, y adelanta que antes de que termine el año quieren repetir el estudio, "esta vez con datos reales de empresas ya cerradas o trasladadas a otras comunidades".

ABIERTOS A UN ACUERDO CON GOVERN Y EL RESTO DEL SECTOR

Pese al choque, no descarta un acuerdo. Dice que APANIB siempre se ha mostrado dispuesta a sentarse a negociar con la conselleria, y que en el fondo "el objetivo declarado por unos y otros —ordenar el sector, garantizar la seguridad, proteger la costa— no está tan alejado". Donde no ve margen de entendimiento es en lo que interpreta como el uso de la norma para limitar la competencia, ya sea frente a embarcaciones que llegan desde la Península o frente a quienes venden plazas sueltas. "En esto no vamos a estar de acuerdo nunca", zanja.