El petróleo no fue el culpable de la inflación de los setenta; lo fueron los gobiernos

Pocas ideas económicas han tenido tanto éxito como una que probablemente sea errónea. Me refiero a la que sostiene que la gran inflación de los años setenta la provocó el precio del petróleo. Es cierto que la imagen puede resultar convincente, es decir, que la OPEP cuadruplicó el precio del crudo y, a partir de ahí, los precios se dispararon en todo el mundo. Sin embargo, esa explicación confunde el detonante con la causa.

Lo llamativo es que economistas enfrentados en casi todo llegaron a una conclusión semejante. John Kenneth Galbraith, referente del institucionalismo y acérrimo defensor del keynesianismo, sostuvo por entonces que cuando estalló la crisis del petróleo la inflación ya llevaba años instalada en las economías occidentales. El petróleo agravó el problema, pero no lo originó. Es más, si el dólar perdía poder adquisitivo, era lógico que los países productores exigieran cada vez más dólares por vender el mismo barril.

Desde una posición ideológica completamente distinta, Milton Friedman defendía que «la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario». Ninguna materia prima, por importante que sea, puede explicar una inflación persistente si la política monetaria no la alimenta. La Escuela Austriaca, representada en España por Jesús Huerta de Soto, coincide en lo esencial cuando afirma que el petróleo puede alterar los precios relativos, pero no provocar por sí solo una subida generalizada y continuada de los precios.

Tampoco Thomas Sargent, uno de los grandes especialistas en el estudio de las grandes inflaciones, situó el origen del problema en la energía, sino en la pérdida de disciplina monetaria y fiscal. Las diferencias entre estos autores son enormes, todos coinciden en un punto esencial. Cuando una inflación se prolonga durante años, conviene mirar antes a los gobiernos y a los bancos centrales que al precio de una materia prima. 

La inflación comenzó a gestarse durante los años sesenta. El elevado gasto derivado de la guerra de Vietnam y de los programas sociales estadounidenses, unido a una política monetaria excesivamente expansiva, debilitó progresivamente el valor del dólar. El abandono de su convertibilidad en oro en 1971 terminó de romper el último anclaje del sistema monetario internacional. Cuando llegó el embargo petrolero, el terreno ya estaba abonado. Muchos gobiernos, incluido el español, siguieron sendas similares.

En cualquier caso, la actuación de la OPEP jugó un papel relevante, pero de segunda ronda. El encarecimiento de la energía agravó la crisis y aceleró la estanflación. Pero responsabilizarla de la inflación equivale a culpar al termómetro de la fiebre.

Con el paso del tiempo, incluso la mayoría de los manuales de macroeconomía han abandonado la idea de que el petróleo explique, por sí solo, la inflación de los setenta. Hoy se acepta que fue un poderoso factor agravante, pero no la causa última. Tal vez por todo esto, en 2008 los dirigentes más tecnócratas intentaron resolver la Gran Recesión de una forma diferente a los populistas, aunque después acabarán siendo desplazados por éstos.

En cualquier caso, la historia económica demuestra que las inflaciones prolongadas rara vez nacen en un pozo de petróleo o un estrecho; más bien nacen en los despachos donde se decide la política monetaria y fiscal. Los gobiernos, lógicamente, rehúyen cualquier responsabilidad que les afecte. Siempre les resulta más sencillo, –y conveniente–, culpar al petróleo, a una guerra, a una pandemia, a una rotura de cadenas de suministro, o, con menos imaginación, a los mercados y a los empresarios privados especuladores. Todo antes que reconocer los errores de su propia política monetaria y fiscal. Al fin y al cabo, la inflación equivale a un tributo sin control parlamentario, esto es, ¡Un impuesto sin representación!