Tres derrotas de tres citas electorales recientes y, lo que es peor, con el escuálido promedio de un tercio de los votos emitidos para la izquierda que comparte el Gobierno de España. Aún es más apabullante el saldo del PSOE en esta década, ya que no ha sido la fuerza más votada en las últimas Elecciones Generales, al Parlamento Europeo y en dieciséis de los veintidós encuentros autonómicos con las urnas en este periodo. El “Somos más” con el que se empezó a dibujar la debacle socialista, ya suena a ciencia ficción.
Con este bagaje, no es de extrañar que el resultado del candidato que mandó Ferraz a reconquistar el vallisoletano Palacio de la Asunción, sede del Gobierno de Castilla y León, les resultara un alivio para los que no leen a José Félix Tezanos. A pesar de las maliciosas insinuaciones sobre su lejanos del “número uno”, es probable que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, no haya aglutinado sólo el voto útil que ha eliminado del mapa a la extrema izquierda, sino que su gestión como primer edil de la capital de la provincia con menor densidad del país le aportará un escaño más, arrebatándoselo a Ya Soria y la desaparición de Ciudadanos, le haya permitido lograr el diputado treinta en Valladolid.
Si IU-Sumar y Podemos, que no han conseguido escaño al presentarse por separado, han perdido nueve mil votos, se han debilitado los partidos localistas y se ha incrementado la participación siete puntos en la jornada del domingo pasado, los catorce mil votos de incremento del PSOE- CyL (frente a los cincuenta y seis mil del PP) no son un gran resultado y solo una derrota menos severa que las infligidas en Extremadura y Aragón. No conviene olvidar que el último representante del partido naranja era Francisco Igea, del ala más progresista de Cs, que obtuvo cincuenta y cinco mil votos en esta Comunidad, antes de su extinción.
Ni el talismán del rehabilitado ex presidente leonés, José Luis Rodríguez, ni los exabruptos del ministro pucelano, Óscar Puente, ni el socorrido ”No a la guerra” han obtenido el empate técnico que auguraban en público los más ilusos, pues han olvidado que, tras la Guerra de Irak en 2023, el Partido Popular le sacó casi un millón de votos al Partido Socialista en las Elecciones Autonómicas y Municipales de ese año.
De la enésima refundación de la izquierda a la izquierda, apenas merece la pena hablar, salvo para recordar que SALF duplicó los votos obtenidos por Unidas Podemos y que hay que estar atentos a los movimientos de desmarque a la Moncloa por parte de sus socios de Investidura, que va a comenzar sin dilación.
Tampoco ha respondido VOX a las expectativas de crecimiento exponencial con el que Santiago Abascal pretendía llegar a la mesa de negociación con los ganadores en las Comunidades con gobierno en funciones. Si había incrementado de uno a trece sus representantes en las Cortes castellano-leonesas hace cuatro años, ahora ha sumado sólo uno más, igual que el total del Parlamento regional, que ha pasado de 81 a 82 diputados, por el crecimiento demográfico de Segovia, la provincia más cercana a Madrid.
Es probable que antes de que acabe el mes, el acuerdo territorial entre las formaciones conservadoras sea un hecho. Sigo creyendo que VOX se va a resistir a incorporarse a los ejecutivos regionales, a pesar de las recientes declaraciones de su dueño y señor, incluso tras su reconocimiento de que no había puesto fácil el acuerdo para evitar llegar a Semana Santa como el peón de Génova.
Si la popular acepción de que ”Ancha es Castilla y paga el Rey” se atribuye a la plena libertad y falta de límites para actuar según el propio capricho o conveniencia, también esta frase coloquial se refiere, en tono crítico, a quien no considera las consecuencias de sus acciones. Así pues, en una democracia fragmentada y que será difícil permita gestionar los territorios con mayorías absolutas, no son convenientes los cordones sanitarios, pero tampoco ignorar que los acuerdos postelectorales son el mal menor en el menos malo de los sistemas conocidos y que si ya no le quita el sueño a Pedro Sánchez gobernar con los radicales de izquierda, no debe calar en la opinión pública el miedo a la cohabitación del partido más votado con otra fuerza política constitucional, que ha respetado siempre el Estado de Derecho. España ya tiene demasiados problemas como para que se paralicen las instituciones por un supuesto rédito electoral.
