Quejas, desinformación, despistes... pero sobre todo, atascos en las horas punta de entrada a Palma. Así ha transcurrido el primer día de funcionamiento del carril Bus Vao en la autopista de Llevant, entre el aeropuerto y el Palau de Congressos.
Estos poco más de cuatro kilómetros de autopista han sido escenario de viales congestionados y muchas maniobras de última hora de conductores que cruzaban varios carriles para tomar alguna de las salidas. La señalización -paneles informativos y marcas en la calzada- ya se había instalado hace unos días, lo que no ha servido para que un número importante de conductores haya utilizado indebidamente este carril ahora reservado únicamente a autobuses, taxis, motocicletas, vehículos para personas con movilidad reducida y cero emisiones, vehículos de emergencias y vehículos con dos o más ocupantes.
La mayoría, sin embargo, han respetado la nueva norma, lo que se ha traducido en importantes atascos, sobre todo en los accesos desde el Fan y en el tramo previo al enlace con la Via de Cintura, donde sólo ha quedado un carril sin restricciones para entrar en Palma.
La fórmula se revela como poco eficaz para dar un servicio útil a los miles de conductores que utilizan esta vía para llegar cada día hasta la capital. En el mejor de los casos, se puede hablar de torpeza e improvisación por parte del Consell, pero -a tenor de las declaraciones del conseller Ivan Sevillano, en las que afirmaba que la nueva norma no se va a retirar bajo ningún concepto- es más creíble que la institución insular ha actuado consciente y únicamente con la intención de disuadir a todos aquellos que utilizan el coche, haciéndole cada vez más difícil el viaje. Lo denominan "pacificar" el tráfico cuando sencillamente se trata de ir vetando los espacios por donde los coches privados puedan seguir circulando.
Las prohibiciones que implica este Bus Vao, además, han entrado en funcionamiento sin que se hayan arbitrado alternativas factibles de transporte público, sin que se hayan construido nuevos accesos a Palma ni se haya trazado un solo kilómetro nuevo de red ferroviaria. Se pretende que los ciudadanos vayan abandonando el coche por agotamiento, porque usarlo sea un problema, aunque la institución responsable no mueva un dedo más allá de pintar unas señales en el suelo y poner una docena de indicadores, cuyo incumplimiento supone una multa de 200 euros. Cumplir y evitarse la multa condena a miles de conductores al atasco, sólo por la aversión que el Pacte muestra hacia el vehículo privado.
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