Tan solo 9 días después de ser elegido presidente del Parlament, Balti Picornell protagoniza su primer escándalo al conocerse que la Delegación del Gobierno le ha sancionado con 601 euros por resistencia a los agentes de la Autoridad el día 2 de septiembre de 2016 en Fornalutx. En efecto, Picornell se manifestó sin haber notificado legalmente la protesta junto a otros 17 animalistas que eran contrarios a la utilización de un toro por considerarlo maltrato animal. Para impedir la celebración del festejo se sentaron en la calzada y no obedecieron las instrucciones de los agentes de la Guardia Civil de despejar la calle, ofreciendo resistencia pasiva y teniendo que ser apartado por la fuerza. Todo ello sucedió cuando ya era diputado autonómico.
El PP ha pedido su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales para que de explicaciones de su actuación en Fornalutx, que ha motivado una sanción económica por infringir la Ley. Pero la portavoz parlamentaria del grupo Podem, del que Picornell forma parte, ha declarado su “orgullo” por la actuación del ahora presidente de la Cámara y atribuye la sanción a la conocida como “Ley Mordaza” (la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana).
Olvida Camargo que con la ley anterior, manifestarse sin haberlo comunicado a la Delegación del Gobierno también era infracción administrativa y que la resistencia a la autoridad estaba tipificada en el Código Penal, ya fuera como falta en los casos más leves o como delito en los de mayor gravedad. Por lo menos ya no se molestan en negar que Picornell infringió dolosamente la Ley, algo que a todas luces debiera ser incompatible con el cargo que ahora ocupa y con la exigencia de ejemplaridad que se requiere. Pero que además, como sucedió en el caso de la condena penal del concejal de Som Palma, Aligi Molina, la vulneración de la Ley sea motivo de orgullo, es el colmo del descaro y la constatación del absoluto desprecio que algunos tienen por la Ley, aun formando parte de la cámara legislativa como es el caso de Camargo y del propio Picornell.
