Con bastante frecuencia se pone de manifiesto que gobernar y tomar decisiones es bastante más complicado de lo que muchos creían cuando estaban en la oposición. Y es normal que así sea. La Federació d’Associacions de Veïns de Palma ha criticado duramente que el Consejo de Gerencia de Urbanismo haya aprobado la demolición de un edificio singular, ubicado en el número 15 del Passeig Mallorca de la capital. Se trata de una construcción de 1949, de estilo regionalista, que la entidad defensora del patrimonio ARCA, entre otras, considera que representa valores que aconsejan su preservación.
La entidad vecinal denuncia que durante la legislatura pasada, siendo el alcalde de Palma Mateo Isern (PP), los partidos PSIB y Més clamaron contra la demolición del edificio de Can Bibiloni en la calle Aragón, portando pancartas de ARCA, pero ahora aceptan la demolición del edificio de Passeig Mallorca sin atender los mismos criterios que se ponían de relieve con Can Bibiloni.
En efecto, este cambio de posicionamiento político por parte de los dos partidos que han ostentado la alcaldía durante esta legislatura y que son socios de gobierno junto a Som Palma, en una materia tan sensible como es la protección del patrimonio, requiere una explicación pública. Y bueno sería que la explicación no tuviera nada que ver con las divergencias que actualmente mantiene el equipo de gobierno de Cort con ARCA a cuenta del monolito de Sa Feixina, porque es razonable pensar que algo tienen que ver.
Pero en todo caso la ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios técnicos, históricos y patrimoniales, por los cuales se insta a la protección de un edificio y a su conservación y, sin embargo, se autoriza la demolición de otro de similares características.
