Si buscamos una buena historia de terror para este ‘Halloween’, no hace falta que nos vayamos muy lejos. ¿Recuerdan la ‘caza de brujas’, que fue, sin duda, una de las caras más oscuras del Renacimiento en nuestro viejo continente? ¿Y la obra de Arthur Miller ‘Las Brujas de Salem’ que se basa en los famosos juicios de brujas que tuvieron lugar en Massachusetts en el siglo XVII?
A través de esta obra, su autor, uno de más conocidos dramaturgos de nuestra historia reciente, exploró la histeria colectiva y el abuso de poder condenando la persecución anti-comunista instigada por McCarthy. Sin embargo, su denuncia de ‘caza de brujas’ va mucho más allá y se puede reinterpretar en cualquier momento histórico marcado por el fanatismo.
“¡Colgadlos bien alto sobre el pueblo! Quien llore por éstos, llora por la corrupción” escribía Miller en 1952. ¿No os recuerda esto a las soflamas de Belarra y compañía contra empresarios españoles llamándoles “capitalistas despiadados”?
Y en esta demonización sin cuartel de los empresarios, se suma ahora ‘la moderada’ Calviño cargando contra los “resultados milmillonarios” de las empresas y asegurando que hay margen para que aporten aún más.
‘Caza de brujas’ es un término que se usa hoy metafóricamente para referirse a la persecución de un enemigo, percibido por un grupo social, de forma extremadamente sesgada, independientemente de la inocencia o culpabilidad real. Y eso es lo que tenemos hoy, una ‘caza de brujas’, una persecución y estigmatización a nuestras empresas, como si del enemigo se tratara.
No soportan que las empresas sean parte de la solución y han convertido a la Administración en el principal problema y en el principal freno para el desarrollo empresarial y para el emprendimiento. Hasta el punto de expulsar a nuestras empresas de nuestro país con un acoso fiscal y laboral asfixiante.
Y lo hacen apelando al progresismo como si el progresismo fuera una ideología política de la que se han adueñado. El progresismo no tiene nada que ver con el sectarismo, ni el intervencionismo, ni el populismo, ni el reduccionismo, ni con la intolerancia incorregible de esta izquierda que no cesa de imponer sus dogmas también en la política económica haciendo uso, como siempre, de su supremacía moral en la vida pública.
Si bien solo podemos progresar si recuperamos la productividad y si contamos con un sistema de economía social de mercado, que apueste por la iniciativa privada, por un gasto público y un estado del bienestar sólido pero sostenible, por un sistema fiscal justo con tipos impositivos moderados que incentiven y no pongan en riesgo la necesaria generación de riqueza y la iniciativa empresarial.
Hoy en día, la inseguridad jurídica y la inestabilidad regulatoria provoca el riesgo de que se ralentice el crecimiento, aumente la precariedad en el mercado de trabajo, crezca la desconfianza empresarial y disminuya la inversión. Y solo seremos capaces de evitarlo con políticas pro-empresa.
Y en esta línea, hemos visto esta semana a las patronales, a la organización estatal de Empresa familiar y a varios empresarios rebelarse contra la (anti) política económica y fiscal del Gobierno y contra el pre acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar y sus medidas populistas. Por cierto, estaría bien conocer la opinión del PNV y de los herederos de CIU sobre estas medidas intervencionistas.
Y estos son los peajes ideológicos que deberán pagar nuestras empresas y, que pagaremos todos los españoles. De los ‘otros peajes’ hablaré en mi próxima columna.
