Durante años, las instituciones han pretendido comprar fincas para potenciar la política medio ambiental. Se compraron fincas con el PP y ahora con la izquierda. Por lo tanto, hay que repartir las culpas entre todos los partidos políticos. Hubiese sido mucho más práctico dar ayudas a los propietarios para mantener las fincas o incluso potenciar programas para colaborar en su protección. Sin embargo, la compra de una finca se convertía en una especie de medalla que se colgaban los gobiernos de turno con el objetivo de regular su uso y potenciar la protección. Con el tiempo se ha demostrado que no es la mejor política. Hoy mismo, los diarios informan que el Govern ha tenido que cerrar el consorcio Aubarca-Es Verger por falta de presupuestos. Me imagino que la finca sigue siendo propiedad del Govern, pero toda la estructura administrativa se ha ido al garete por falta de presupuestos. Esta es la segunda parte del problema. Con la excusa de la compra de fincas se creaba una estructura administrativa y burocrática alrededor que, ahora mismo, no puede mantenerse. ¿Cuándo llegarán los políticos a la conclusión de que no gestionan su dinero y que deben utilizar el sentido común?
