La investigación comenzó por la obtención de determinados beneficios por parte de algunos presos, que podría constituir trato de favor, y cuyas familias habrían pagado ciertas cantidades, según fuentes cercanas al caso.
Los investigadores también detectaron que se habían introducido en varias ocasiones objetos en la cárcel de forma no autorizada.
Tras la puesta a disposición judicial de los detenidos, el juzgado de guardia ordenó este viernes el ingreso en prisión provisional de uno de los funcionarios investigados y de la mujer, y la puesta en libertad con cargos del otro empleado público.
La investigación la ha llevado a cabo la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección Penitenciaria.
