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Discriminación no, privilegios tampoco

domingo 18 de octubre de 2020, 04:00h

Estas últimas semanas en el Parlament hay una nueva ofensiva de la izquierda ,que se dice progre pero que más parece retro, sobre iniciativas del tema LGTBI

Quiero exponer las razones fundamentales para oponerse a unos privilegios de un grupo de personas en razón únicamente de cómo viven su sexualidad, y esto es grave, y singularmente histórico, en el sentido de que nunca una determinada interpretación de la satisfacción sexual ha tenido reconocimiento institucional como se pretende ahora.

Estas son las razones que hacen de la ley aprobada la pasada legislatura, una norma injusta y discriminatoria :

1.- La negativa rotunda a desarrollar una ley sobre la discriminación en general, y en su lugar dedicar la protección a un solo grupo muy específico, a pesar de que es precisamente este, el LGTBI, el que ya cuenta con una amplia legislación protectora e importantes apoyos institucionales, sobre todo económicos, por parte de todos los niveles de las administraciones Una ley general es la mejor defensa contra todos los desprotegidos e impide radicalmente las arbitrariedades y privilegios en los que se incurre al tratar solo a un grupo.

2.- La lucha contra la discriminación es la lucha por el respeto del otro, del diferente a mí: sea inmigrante, de otra etnia, de otra confesión religiosa, de más de 50 años, o del que sufre limitaciones corporales. Este respeto surge de los que nos unen a todos y dan sentido al hecho humano: la dignidad inherente al ser humano, a todos y siempre. No se protege por consiguiente por si se es homosexual, o musulmán o lo que sea, sino porque se es un ser humano. La ley pervierte este enfoque y circunscribe la cuestión no a tal respeto sino a la práctica homosexual ,bisexual y transexual. Debemos respetar al musulmán por ser una persona igual a nosotros, pero no porque valoremos de manera especial su religión y los poderes públicos y la escuela se comprometan a difundirla. Esa es la irracionalidad que comete esta ley; y es por esta causa que es una ley apologética e ideológica y de fomento de la homosexualidad. Respeto de sus derechos no es igual a fomento de su ideología, de su visión.

3.- La inversión de la carga de la prueba, un mecanismo perverso mediante el cual quien denuncia no ha de aportar ni demostrar nada sino que es el denunciado quien debe demostrar su inocencia. El alud de problemas que puede provocar en las empresas, cuando haya de por medio una persona LGTBI, puede ser considerable. Porque este enfoque se convierte en una poderosa arma de chantaje. Esto puede tener un efecto boomerang: que las empresas se lo piensen dos veces antes de contratar a una persona de aquellas características por el lío en que pueden meterse. Y lo mismo puede suceder con las escuelas y/o cualquier asociación.

4.- Las sanciones. Es necesario recordar que la homofobia, cuando es judicialmente probada, y por consiguiente con garantías de presunción de inocencia por parte del acusado está ya sancionada penalmente en España. Ahora por la vía de la arbitraria inversión de la carga de la prueba, añade unas importantes sanciones por la vía administrativa. La combinación de ambos mecanismos, más la acción de lobby del homosexualismo político, puede acongojar,
digámoslo así, a personas, instituciones, colegios y empresas. Y esta capacidad de atemorizar se llama poder. Esta es la ley del poder homosexual.

5.- Atenta contra el derecho de los padres, y de los centros educativos con ideario, a la educación moral y religiosa de sus hijos, porque la ley obliga a considerar la homosexualidad y la bisexualidad , y en esta premisa han de estar educados nuestros hijos.

6.- Por razones semejantes, censura la libertad de expresión e impide la libertad religiosa.

No fue una ley para evitar situaciones de injusticia contra los homosexuales, algo que queremos creer que nadie desea, sino para, imponer la ideología de género y la promoción de la homosexualidad al conjunto de la sociedad y con toda la fuerza del Estado, atropellando libertades, derechos y garantías jurídicas. No fue una ley para evitar que los homosexuales sean discriminados, sino para otorgarles unos privilegios inconcebibles si de otros colectivos estuviéramos hablando y que suponen la institucionalización de una injusticia que tendrá graves y muy nocivas consecuencias en todos los ámbitos de la vida social.

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