La eliminación del canon obligatorio que las empresas pagan a las Cámaras de Comercio supondrá, según el Consejo Superior, un duro golpe para las mismas que mermará en una media de un 60% el presupuesto de las más de 80 organizaciones que integran la red. Una conclusión diametralmente opuesta a la que ha llegado el gobierno que, en una carta remitida por José Enrique Serrano, actual director de Gabinete del Presidente Zapatero, asegura que la eliminación de este canon “no ha de tener efecto real sobre la recaudación de las Cámaras debido a su escasa contribución”. “Parece que ni él mismo se ha leído la ley”, aseguran indignados a El Confidencial desde la cúpula de una de las principales Cámaras de Comercio. La modificación introducida en 2010 establece que están obligados al pago de la cuota cameral las empresas que realicen actividades relacionadas con el comercio, la industria o la navegación y “decidan libremente” pertenecer a una Cámara. Hasta ahora, todas las empresas pasaban por caja, con el consiguiente embargo de la cuenta en caso de impago. En 2004, el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometía a “hacer de las Cámaras de Comercio e Industria instituciones verdaderamente representativas y eficaces para todos los emprendedores”. En 2008, su propuesta fue más concreta y prometió excluir del pago de la cuota a los trabajadores autónomos económicamente dependientes. En la carta, Serrano asegura que el fin obligatorio de la tasa “debe ser un incentivo para impulsar la modernización y consolidación de las Cámaras como prestadoras de servicios de mayor utilidad para sus asociados”. Menos impuestos vs. despidos Serrano también argumenta que la reforma permitirá liberar recursos que actualmente recaían de forma directa sobre dos millones y medio de empresas activas en el mercado y contribuirá a mejorar su competitividad”. Sin embargo, el Ejecutivo no se pronuncia sobre los efectos colaterales de la disposición. El presidente de la Cámara de Madrid, Arturo Fernández, aseguró hace apenas una semana que la escasez de ingresos le obligará a reducir su plantilla -que supera los 300 empleados- en un 25%. El 60% de los 75 millones de presupuesto de la Cámara provenían del canon. Fuentes sindicales aseguran que se ponen en jaque 3.500 puestos de trabajo. “No puede olvidarse que este año y el que viene aún deben abonarse las cuotas, ya que el devengo se realiza con dos años de antelación al pago. No habría tanta urgencia para plantear recortes de plantilla”, se apunta desde otra Cámara. Fernández ha abierto el fuego frente a un problema real, aunque el anuncio parece precipitado en tanto el propio presidente de la Cámara de Madrid trabaja en un plan de viabilidad que debería estar listo en las próximas semanas. Otra de las quejas es la posibilidad de que, con el nuevo escenario de financiación, estas instituciones pierdan su razón de ser -son por ley corporaciones de derecho público- y se conviertan en lobbies de las grandes empresas, si estas deciden mantener su aportación y controlan la gestión. Con un temor añadido.Muchas Cámaras poseen un patrimonio más que goloso para hacer caja. En todo caso, el Gobierno ha dejado la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, que como “Administración tutelante” es la que debe fiscalizar las liquidaciones y “establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos”. También serán las que, en parte, deban responder por los empleos perdidos.
