El IBAVI deja de ingresar un 10 por ciento de sus alquileres por la morosidad de los inquilinos

El Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) cerró 2025 con una ligera mejora en el nivel de cobro de los alquileres de su parque público de viviendas, según los datos facilitados por el organismo. En el momento de la liquidación de las cuentas, el porcentaje de rentas abonadas alcanzó el 89,83%, frente al 89,58% de 2024 y el 88,37% registrado en 2023.

La evolución refleja una mejora sostenida en la recaudación durante los tres últimos ejercicios, reduciéndose progresivamente el porcentaje de importes pendientes de cobro, que pasó del 11,63% en 2023 al 10,17% en 2025.

El IBAVI atribuye estos resultados, entre otros factores, a la aplicación de un protocolo específico para prevenir y combatir la morosidad, que distingue entre los contratos antiguos y los nuevos arrendamientos.

En el caso de los contratos anteriores a 2021, cuando la deuda no supera los 24 recibos y la situación se considera reconducible, el Instituto contacta con la familia para pactar un calendario de pagos que no supere el 35% de los ingresos de la unidad de convivencia. Si el acuerdo se incumple, el expediente pasa directamente a la vía judicial. Cuando la deuda supera los 24 recibos, o el inquilino no responde a los requerimientos o ha incumplido acuerdos anteriores, el IBAVI inicia, previo informe del área social, el procedimiento para resolver el contrato y recuperar la vivienda, aunque contempla un tratamiento individualizado en los casos de especial vulnerabilidad social.

NUEVOS CONTRATOS

El protocolo es todavía más estricto con las nuevas adjudicaciones, ya que todas ellas se conceden con una renta adaptada a la capacidad económica de la familia, que nunca supera el 30% de sus ingresos. El procedimiento establece un aviso mediante mensaje tras el primer recibo impagado; con el segundo intervienen los servicios sociales para valorar la situación de la unidad familiar y, si se acumulan tres mensualidades sin abonar y sin comunicación previa, se interpone automáticamente una demanda judicial.

No obstante, el protocolo también prevé la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial incluso una vez iniciadas las acciones legales, siempre que el arrendatario manifieste una voluntad firme de regularizar su situación. El IBAVI justifica esta política señalando que las rentas de sus viviendas ya están especialmente adaptadas a las circunstancias económicas de cada familia para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago.