Los partidos que integran el Govern de les Illes Balears, PSIB y Més, junto al resto de fuerzas políticas de izquierdas, iniciaron el año 2016 con un contundente discurso político proclive a la limitación turística. Se abogaba por cambiar el modelo productivo balear y por crear un nuevo tributo finalista que grabase las pernoctaciones turísticas. Pero también había quien apostaba sin ambages por establecer limitaciones de entrada de turistas en todas las islas.
El impuesto sobre pernoctaciones turísticas o ‘ecotasa’ fue aprobada en enero para que pudiese entrar en vigor antes del verano para que la temporada turística que se preveía -y luego se confirmó- récord, permitiendo hacer caja a las siempre esquilmadas arcas del Govern. Y se hizo encargando la recaudación del impuesto a los hoteleros, lo que motivó su oposición al nuevo impuesto, como sucedió con la primera ‘ecotasa’ del Govern Antich.
La ‘ecotasa’ vio la luz con anterioridad a la regulación del alquiler turístico, con importante retraso que incumplía los plazos otorgados por el Parlament. El alquiler turístico se convirtió, así pues, en el gran problema de Balears.
La cantidad de viviendas que se destinan al alquiler turístico es tan grande que ya se detrae del mercado residencia, lo que ya ha provocado graves problemas sobre todo en las Pitiusas, pero que también comienzan a percibirse en determinadas zonas de Mallorca.
Estos problemas para encontrar viviendas de alquiler para residentes e incluso para trabajadores que vienen a Balears a hacer la temporada turística, junto a una gran afluencia de turistas “prestados” de otros destinos del Mediterráneo, hizo surgir un perceptible malestar hacia los visitantes.
Se encargó la recaudación de la 'ecotasa' a los hoteleros, lo que motivó su oposición
El síntoma más claro fueron las pintadas aparecidas en el centro de Palma, muy cerca de la Catedral. “El turismo destrueix la ciutat”, “Guiris go home”, “Tourist go home, refugees welcome” o "Tourist you are the terrorist" fueron algunos de los mensajes que durante meses pudieron leerse y que aparecieron en todos los medios de comunicación, magnificando su alcance.
El discurso contra el turismo de la izquierda había comenzado a causar graves problemas de imagen. Y frente a ello los partidos del Govern comenzaron a modularlo, abogando por un turismo sostenible y en concentrar la promoción en segmentos de turismo diferentes al sol y playa, para avanzar en alargar la temporada sin incrementar los visitantes en temporada alta.
PSIB y Més (esta última formación con la responsabilidad directa en el área de Turismo, con el vicepresidente Biel Barceló al frente de la vicepresidencia del Govern) recularon en su enfoque antituristas. Pero no así Podem, partido que da apoyo parlamentario al Govern y que incluso en la negociación de los presupuestos del Govern exigió reducir en 3 millones de euros la partida de promoción turística, aunque su enmienda no prosperó.
A mediados de diciembre Barceló presentó el borrador del anteproyecto de ley de alquiler turístico, que levantó numerosas críticas y pareció no contentar a nadie. La norma lanzada por el Govern deja en manos de los Consells Insulars, Ayuntamientos y en última instancia, a las comunidades de propietarios, la legalización de los pisos de alquiler, cosa que no satisface a nadie completamente.
El Govern se ha mostrado dispuesto a negociar el borrador y por tanto, es aún susceptible de sufrir muchos cambios, pero es un asunto muy espinoso donde será difícil que haya consenso.
El alquiler turístico se fue de las manos en 2016, lo que motivó una sensación de saturación muy evidente y un incremento de un determinado turista que, además de no pagar la ‘ecotasa’, genera muchos problemas añadidos.
