La ley agraria impulsada por el conseller Biel Company continua atascada en el Consell a la espera de que la conselleria de Urbanismo de la institución insular dé la definitiva luz verde. El responsable político es Mauricio Rovira. Mientras, aumenta el nerviosismo de la patronal agraria, que quieren ver aprobada esta ley "lo antes posible", según sus representantes. Asaja exige que Company actúe.
Desde la propia Conselleria admiten que el atasco se encuentra en el Consell, tal y como avanzó mallorcadiario.com a principios de semana. La madre del cordero de esta fricción entre dos instituciones gobernadas por el mismo partido es el cambio de usos de las fincas rústicas previstos en esta ley, que busca la mayor rentabilidad económica al campo balear. Pero en el Consell quieren estar seguros de que no habrá conculcación de normativa. Quieren que haya control en estos cambios de usos. Las fincas podrán instalar bodegas, vender sus productos y dar diferentes utilidades a cada propiedad según sus características y objetivos de los dueños. Pero hay pegas técnicas para evitar que el rústico balear se convierta en un desbarajuste.
El Consell quiere tener claro hasta donde se puede llegar y quiere más garantías de legalidad en estos cambios de usos o urbanísticos.
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