El decálogo de los okupas

La ocupación de viviendas es el pan de cada día en España. La permisividad de la ley hace que los okupas entren en las casas a sabiendas de que que va a ser muy complejo echarles y que al prescribir las penas al año, nadie entra en prisión por ocupar una vivienda.

La ley ha ido ajustándose a lo largo de los años ante el desmesurado aumento de las okupaciones. No obstante, todas las leyes tropiezan con lo que se conoce como la inviolabilidad del domicilio.

En la actualidad, son tantos los derechos que adquieren los okupas, que cualquier ley termina en papel mojado. Ahora, para desocupar una vivienda hay que tener en cuenta dos factores fundamentales: se podrá desalojar la casa si se denuncia en un plazo no superior a las 48 horas y es primera residencia. En este supuesto, la policía puede proceder al desalojo de los okupas sin orden judicial. Por otro lado, si se superan las 48 horas o si la casa no es utilizada como residencia habitual, la cosa se complica ya que entra la tan temida inviolabilidad del domicilio y que también conocen los que se dedican a ocupar o alquilar viviendas ocupadas. La ocupación puede eternizarse si los que entran dentro de la vivienda lo hacen con menores de edad.

La ley no deja dudas al referirse al principio de inviolabilidad del domicilio propio. ¿Qué hacer para romper este principio? Fácil: se cambia la cerradura y de esta forma es el okupa el que se acoge al principio de inviolabilidad. Aquí el propietario se ve con las manos atadas ya que tiene que acudir a la vía judicial pues la casa legalmente y hasta que no se demuestre lo contrario, es del okupa. Al propietario solo le quedan dos vías: o la eterna y costosa vía judicial o tomarse la justicia por sus manos y cortar al okupa la luz y otros suministros básicos. ¿Resultado? El okupa lo denuncia y el propietario va a juicio.

OKUPAS CON MENORES DE EDAD

En los últimos años ha proliferado la ocupación de viviendas con menores, sean éstos sus propios hijos o menores alquilados.

Cuandos se ocupa un inmueble con menores, la situación para desalojarlos se complica en extremo dificultando el proceso de desalojo ya que estas familias alegan que son vulnerables por lo que se ponen en marcha protocolos diferentes a los de una ocupación sin menores.

Cuando se intenta desalojar a una familia con menores, no solo interviene la judicatura, sino que los servicios sociales ponen en funcionamiento los protocolos de atención a menores de edad.

El desarrollo de estos protocolos de atención a menores supera con creces el límite de 48 horas para poder desalojar a la familia con lo que se alarga el procedimiento judicial.

Además, estas familias okupas se agarran a que son vulnerables por lo que se les incluye dentro de este concepto social lo que dificulta en sobremanera su desalojo. La solución pasa, a veces, porque el propietario ofrezca a la familia una importante cantidad de dinero para que salgan de su vivienda. Las mafias ya se encargan de buscarles otra vivienda a okupar.

¿A que se puede agarrar el propietario para volver a recuperar su vivienda? Las opciones son muy limitadas. Ahora se abre paso la denominada Ley de Desalojo Exprés o Antiokupas. Esta ley pretende reducir los plazos para poder echar al okupa pero los especialistas en ocupaciones utilizan la treta de presentar recursos judiciales con lo que los procesos judiciales se eternizan sin que el propietario pueda acceder a su inmueble.

FENÓMENO INQUIOKUPA

Por si todo ello no fuese suficiente, en estos momentos se está detectando un considerablemente aumento de lo que se conoce como fenómeno Inquiokupa, es decir, un inquilino que deja de pagar el alquiler o, una vez vencido el contrato, decide quedarse sin pagar.

En este supuesto, el inquilino que deja de pagar el alquler se acoge al Real Decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para prohibir los desahucios de inquilinos con un perfil de vulnerabilidad. La idea era reforzar "el escudo social" en materia de vivienda "en el peor momento social" de la historia reciente.

De este modo, los dueños de inmuebles que sufran un impago por parte de un inquilino "vulnerable" no podrán poner en marcha el proceso de desahucio exprés y tendrán que asumir los gastos de la casa

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