Según ha detallado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, esta Mesa “no es una declaración de intenciones, sino un instrumento de coordinación para actuar con eficacia”.
“Es un paso firme y necesario para defender la legalidad, la equidad y la convivencia”, ha defendido Estarellas, quien ha considerado indispensable articular espacios estables de diálogo y coordinación para abordar este fenómeno de forma integral.
LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO
La Mesa de Lucha contra el Intrusismo estará formada por representantes de las administraciones estatal, autonómica, insulares y municipales, además de agentes sociales, colegios profesionales y XXXX, entre otros.
Se trata de un órgano colegiado de asesoramiento, apoyo y estudio, adscrito a la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.
La vicepresidenta ha advertido de que el intrusismo puede tener consecuencias graves para la sociedad, como perjuicios económicos, fraudes, negligencias profesionales y problemas de salud y de seguridad pública.
Según ha explicado, diversos agentes sociales, operadores económicos y asociaciones patronales llevan tiempo manifestando su preocupación por los efectos de la competencia ilegal, que perjudica especialmente a los operadores que cumplen la normativa y las obligaciones administrativas.
En este contexto económico, el Govern considera necesario articular espacios estables de coordinación y diálogo para abordar el fenómeno de forma integral.
PERJUDICIAL PARA SECTORES ESTRATÉGICO
En Baleares, el intrusismo afecta a sectores estratégicos como el alojamiento turístico, el transporte, el comercio y el ocio. Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que la oferta ilegal genera externalidades negativas que ponen en riesgo el equilibrio territorial, la sostenibilidad medioambiental, el acceso a los servicios públicos, el bienestar de la población residente y la convivencia.
Asimismo, la Mesa desarrollará tareas de investigación, estudio y análisis técnico; promoverá medidas de prevención, control y sanción dentro de las administraciones; formulará recomendaciones de mejora normativa y establecerá sistemas de información compartida para evaluar la eficacia de las actuaciones.
El objetivo es que funcione como un foro de diálogo y coordinación con agentes sociales, colegios profesionales, organizaciones empresariales y sectores económicos afectados.
El acuerdo establece que la Mesa se constituirá en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de su creación en el Boletín Oficial de Baleares.
