El Govern balear ha comenzado de manera oficial la tramitación administrativa del "impuesto del turismo sostenible", que se cobrará el próximo año en los alojamientos turísticos y cruceros, y ha destacado la "buena acogida" social de esta iniciativa, ha declarado el portavoz del ejecutivo, Marc Pons.
Hoy comienzan los trámites administrativos de este proyecto de ley, que durarán unos dos meses, hasta que lo apruebe el Consell de Govern. Posteriormente será remitido al Parlament balear para su aprobación definitiva de uno de los principales acuerdos y objetivos de gobierno de esta legislatura.
Pons se ha referido en la rueda de prensa que ha ofrecido a la "buena acogida" de este impuesto medioambiental que "parte de una clara conciencia social y de la madurez de la sociedad que entiende la necesidad de apostar por Baleares como un destino turístico de máxima calidad al que deben contribuir todos: los ciudadanos de las islas y los turistas que nos visitan".
El portavoz ha sido preguntado por cuándo se cobrará este nuevo impuesto y ha respondido que "lo antes posible" dentro del año 2016.
Los turistas que visiten Baleares el próximo año pagarán un impuesto por pernoctar en cualquier alojamiento vacacional y en los cruceros que supondrá un coste de 0,25 a 2 euros por persona y día, con lo que el Govern recaudará a año de 50 a 80 millones de euros, según sus previsiones.
Coincidiendo con sus primeros cien días de gobierno en esta legislatura, el Govern ha presentado esta semana el borrador del nuevo "impuesto del turismo sostenible" que pagarán tanto turistas como residentes en las islas y que no abonarán los menores de 14 años.
En concreto, los fondos que se recauden se destinarán a la protección, preservación y recuperación del medio natural, rural y marino; mejora de la calidad y la competitividad del sector turístico; fomento de la desestacionalización y creación de producto turístico y promoción turística.
También servirá para el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el turismo sostenible; recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural; impulso de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) que contribuyan a la diversificación económica o relacionados con el ámbito turístico; y mejora de la formación y la calidad del empleo del sector turístico.
Con el impuesto nacerá también la Comisión de Impulso del Turismo, que decidirá a qué proyectos concretos se destina el dinero recaudado.
