Resulta muy sorprendente que el Govern de les Illes Balears use fondos públicos recaudados con el impuesto sobre pernoctaciones turísticas, más conocido como 'Ecotasa', a instalar un tren turístico que hará el trayecto entre Sant Llorenç y Son Carrió. El capricho, pues no se puede calificar de otra forma algo así, costará 4,2 millones de euros en total, de los que ya se han dispuesto 249.000 euros con cargo al impuesto turístico recaudado hasta ahora. ¿A qué obedece semejante dispendio? ¿Existe una demanda social? ¿Una necesidad colectiva que deba ser satisfecha por el Govern con recursos públicos? La respuesta es forzosamente negativa. Nada justifica una inversión de este calibre en una línea ferroviaria de exclusivo interés turístico. Y acto seguido hay que preguntarse si es el Govern quien debe explotar un negocio de esta naturaleza.
A la vista de lo anterior, surgen dos reflexiones. Una, relativa al uso de los recursos públicos que hace el Govern. En apenas dos años hemos pasado de una situación de emergencia social, con desnutrición infantil generalizada, a una abundancia de recursos tal que permite convocatoria de oposiciones masiva e incremento de trabajadores públicos, e incluso destinar más de 4 millones de euros a una atracción turística. Se incurre nuevamente, durante el ciclo de gobierno de un pacto de izquierdas, en gastos muy importantes y completamente superfluos, que acabarán suponiendo un endeudamiento brutal, como suele suceder.
Por otro lado -pero no menos importante-, se confirma que el destino de los fondos recaudados con el impuesto turístico, son en ocasiones absolutamente ajenos al medio ambiente y a paliar el efecto del turismo en el territorio. Algo que ya se sabía pero que el Ejecutivo de Armengol y Barceló se cuida en negar, pero que a la vista está que el reparto de lo recaudado no satisface a nadie, excepto al propio Govern.
Si el Pacto quiere jugar a trenecitos, que lo hagan con su dinero. Con el dinero público, líneas turísticas como Sant Llorenç Son Carrió no tienen ningún sentido y suponen dilapidar 4 millones de euros en algo innecesario, cuando bien pudieran destinarse a multitud de proyectos medioambientales, infinitamente más necesarios que el capricho del que estamos hablando.
