El Govern paga el aeropuerto de Ciudad Real

Al final, la aparentemente absurda noticia de que el Govern balear pagará la compra del aeropuerto de Ciudad Real se ha hecho realidad. Un juzgado de Ciudad Real ha aceptado que la adjudicataria provisional de la infraestructura, CR International Airport (CRIA), pague el dinero pendiente para adquirir el aeródromo manchego con parte de los 87 millones que la comunidad de Balears debe abonar al empresario Rafael Gómez Arribas. El empresario resultó perjudicado, según sentencia reciente del TSJIB, por una desclasificación de solares en Ibiza en el año 2009, teniendo que ser indemnizado por el Govern con dicha cantidad.

La desclasificación de suelos con fines de protección mediambiental fue una práctica común en Balears durante le legislatura de Francesc Antich, cuando se aprobó la Ley de Medidas Urgentes de Desarrollo Sostenible, con la que se frenó la urbanización de numerosos terrenos en diferentes puntos del archipiélago. Transcurridos diez años, las sentencias derivadas de los muchos recursos impuestos han empezado a dar la razón a los propietarios que vieron fracasadas las expectativas empresariales que se prometían.

El monto total de estas sentencias firmes suma ya 138 millones de euros, aunque hay procesos abiertos que podrían elevar esta cifra hasta los 172 millones, que serían 230 si se incluyen los intereses, más de un 4 por ciento del presupuesto de la comunidad para este año. Es una cantidad por la que se condena al Govern balear, heredero administrativo del ejecutivo de Francesc Antich, y que deberá restarse de los recursos económicos que el actual Govern pensaba destinar a otros fines. En definitiva, la mala tramitación realizada por el Pacte de hace diez años la acaban pagando los ciudadanos de ahora.

La protección paisajística y mediaombiental es necesaria en un entorno como el balear, especialmente por el valor que aporta a nuestra riqueza natural y a los atractivos que provocan la llegada de millones de visitantes. Pero no es de recibo que una protección mediambiental mal realizada acabe perjudicando a los ciudadanos. Si el Govern presidido por Antich actuó por desconocimiento de las consecuencias o lo hizo pensando que si estaba mal tramitado ya sería problema para otro ejecutivo son circunstancias igualmente censurables. Convendría, pues, que el principal responsable de aquel trámite dé explicaciones y asuma consecuencias. Las muchas inversiones y servicios que se dejarán de realizar por esta causa lo merecen.