La conselleria de Salut ha avanzado que "tomará acciones legales" en el caso de detectar "irregularidades" en la actuación del Ministerio por imponer el uso obligatorio de mascarillas "de forma unilateral" y advierte que "se ha perdido la cogobernanza del Sistema de Salud". Además, la obligatoriedad en centros de salud y hospitales en Baleares todavía no entra en vigor ya que "no ha llegado la orden oficial". Por otro lado, finalmente acata la obligatoriedad de las mascarillas a partir de este jueves en Baleares.
Baleares estudiará si el Ministerio de Sanidad "ha incurrido en alguna ilegalidad" al utilizar el artículo 65 para imponer el uso obligatorio de las mascarillas. "Ha sido un comportamiento unilateral, acogiéndose a un artículo que establece que debe haber un previo acuerdo interterritorial con las autonomías o bien una situación de emergencia, algo que no ha habido en ningún caso". Estas han sido las palabras de la consellera de Salut, Manuela García, que ha comparecido para explicar que acatará la orden del Ministerio, y tras haberla recibido de forma oficial, la mascarilla será obligatoria a partir de este jueves.
En cuanto a la legalidad, ha matizado que "en ningún caso" se tomarán acciones legales contra el uso de las mascarillas, sino "por la forma de actuar del Ministerio". "No tiene sentido
Sobre las fechas, García espera recibir la orden este mismo miércoles por la tarde, por lo que la medida entraría en vigor el jueves.
La consellera ha lamentado que hasta última hora de esta tarde todo fuese una "orden preliminar" a través de "un grupo de Whatsapp" remitida por un jefe de gabinete del Ministerio y no por ningún canal oficial.
Este jueves se conocerán las nuevas cifras de incidencia de los virus respiratorios en Baleares, aunque "de momento están muy bajas y se prevé que aumenten en dos semanas". En tal caso, explica la consellera, "no tiene sentido imponer hoy mascarillas sin criterio y que en dos semanas el Ministerio retire la obligatoriedad cuando las islas sí estén en el pico alto". "No se ha producido lo que esperábamos, que es un protocolo donde se tomen decisiones según criterios técnicos".
"Pedimos un protocolo que se adapte a cada comunidad y lo que hemos visto son injerencias en las competencias en materia de salud". "Estamos muy preocupados; no hay diálogo y tampoco se ha aclarado si la medida se impone también en los centros de titularidad privada".
