La cuenta atrás ya está en marcha. Tras años de espera y conflictos enquistados, el 16 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) pondrá fin —o abrirá un nuevo capítulo— al litigio que mantiene en vilo al Real Club Náutico de Palma (RCNP). Los socios de una entidad con más de un siglo de historia, aunque oficialmente fundada en 1948, aguardan con nervios la decisión de la Sala de lo Contencioso que marcará el destino de la institución.
Ese día se decidirá si el Náutico mantiene su derecho a concesión y prórroga o si, por el contrario, el dominio pasa a manos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). No se trata de un pleito cualquiera. Hablamos de uno de los procesos más relevantes que esta Sala ha tenido entre sus manos en los últimos años. El fallo dirá si pesa más la voluntad recaudatoria de una entidad como la APB o el simbolismo social de un club que ha sido motor deportivo y punto de encuentro de la ciudad.
No es baladí. Por sus pantalanes han pasado olímpicos y campeones del mundo, y por sus salones han transitado generaciones de regatistas y piragüistas, familias y hasta reyes que hicieron de sus regatas escaparate internacional. El RCNP no es un simple club privado ni un trozo de puerto. Forma parte de un engranaje de la vida social, cultural y deportiva de Palma. Perder ese espacio sería mucho más que un trámite administrativo. Sería amputar una pieza clave del mapa ciudadano.
En palabras de su actual presidente, Rafael Gil March, para ganar un juicio hay que tener tres cosas, “hay que tener razón, hay que saber exponerla y te la tienen que dar y creo que vamos por el buen camino”.
Más allá de la emotividad, está el derecho. Y aquí los precedentes juegan a favor del club. Casos como Formentera Mar o el más reciente de Astilleros de Mallorca, donde el TSJIB obligó a la APB a ampliar concesiones al censurar su silencio administrativo, dibujan un marco jurídico claro. La Autoridad Portuaria no siempre ha actuado con la diligencia debida. El RCNP, por tanto, no llega a esta regata final solo con argumentos sentimentales, sino con viento legal en popa.
La estrategia de la Autoridad Portuaria nunca ha estado exenta de sombras. En 2021, a un año de expirar la concesión, decidió reinterpretar el título de ocupación del Náutico. Lo que siempre había sido una concesión pasaba ahora a calificarse como un contrato de gestión de servicios con fecha de caducidad en 2022. Una maniobra sorprendente que, más que a rigor jurídico, olía a movimiento recaudatorio. El objetivo parecía claro, recuperar el espacio, convocar un concurso público y entregar la joya al mejor postor. De repente, el Náutico dejaba de ser una institución con arraigo social para convertirse en una codiciada fuente de ingresos estratégicos para los Puertos del Estado.
El club respondió en los tribunales, impugnó el movimiento y, tras tres años de recorrido, estamos en la antesala del fallo definitivo.
En palabras de su actual presidente, Rafael Gil March, para ganar un juicio hay que tener tres cosas, “hay que tener razón, hay que saber exponerla y te la tienen que dar y creo que vamos por el buen camino”.
El 16 de octubre, el TSJIB no solo decidirá si el Real Club Náutico de Palma sigue adelante con su concesión. Estará decidiendo también qué modelo de gestión portuaria quiere esta comunidad. Si se prioriza el interés público y el arraigo ciudadano de entidades históricas o si se abre la puerta a una lógica puramente mercantil y especulativa.
Por el bien común, el fallo debería reconocer que el RCNP trasciende a sus socios. Es un símbolo de la bahía, un emblema de la vela y la piragua balear y un patrimonio social que Palma no puede permitirse perder.
