El Parlamento reclama que se suba el plus de insularidad a los funcionarios del Estado

La Comisión Mixta de Insularidad Congreso-Senado aprobó este jueves una proposición no de ley de Vox modificada por el PP que pide al Gobierno que actualice el complemento de insularidad del personal en activo del sector público estatal en los archipiélagos canario y balear. La iniciativa contó con el voto en contra del PSOE.

El objetivo de estas compensaciones, como han explicado los portavoces de ambos grupos, tienen por objeto ayudar a cubrir el exceso de gastos de residencia asociados a vivir en ambos archipiélagos.

La iniciativa ha contado con el rechazo del PSOE, cuyo portavoz en este debate, el diputado socialista por Mallorca Pere Joan Pons, se ha mostrado "absolutamente en contra" porque "ya hay una actualización" del complemento y ha calificado los argumentos de Vox de "sarta de mentiras que hacen reir" y "relato del populismo de tercera división".

El Senado ha celebrado hoy la primera sesión de la nueva Comisión Mixta de Insularidad, creada el pasado mes de diciembre al poco de comenzar la legislatura, como ha recordado su presidente, el senador socialista canario José Antonio Valbuena, en la que la izquierda se ha quejado de que, en aplicación del reglamento del Senado, no se permite el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones.

La Proposición no de ley insta al ejecutivo central a actualizar la cuantía de las indemnizaciones por residencia para el personal del Estado en los territorios insulares para adaptarlas al sobrecoste que supone residir en ellos.

Particularmente para Baleares solicita incrementar ya desde este año las indemnizaciones por residencia de este personal en Baleares mediante un incremento de las cuantías que cuente con su correspondiente dotación presupuestaria y no sea inferior a 18 millones adicionales.

También, impulsar la cobertura de los puestos vacantes en estos territorios y garantizar tanto la igualdad de todos los españoles en todas las regiones y la no discriminación entre ellas como la igualdad retributiva de los trabajadores del sector público estatal que realizan idénticas tareas con independencia de la región y de la administración territorial a la que sirvan.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado, con el mismo resultado, una moción del PP por la que se insta al Gobierno a financiar el transporte marítimo de los residuos generados entre las islas de Baleares y entre estas y la península.

Lo que plantea la moción es financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en las Islas Baleares que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la península o en una isla diferente.

Esta financiación estará condicionada a la existencia de programas de prevención y planes de gestión de residuos vigentes, adoptados con arreglo al que se establece en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que demuestre que se están adoptando las medidas necesarias para minimizar la cantidad objeto de transporte.

Solicita igualmente el Gobierno que habilite anualmente las partidas presupuestarias suficientes para garantizar la financiación del coste adicional que supone el traslado de residuos ambientales y de economía de escala en los territorios extrapeninsulares.

Esta primera sesión de la Comisión ha servido también para aprobar otra moción del PP por la que se insta al Gobierno a la creación de un nuevo partido judicial en Formentera que contemple la creación de un juzgado mixto de primera instancia e instrucción.

En este caso el PSOE se ha opuesto porque a su juicio la iniciativa se ha quedado obsoleta después de la apertura el 1 de diciembre de 2022 de una oficina de justicia, dotada de personal y medios tecnológicos para, entre otras cuestiones, intervenir en juicios por videoconferencia.