El pleno del Consell aprobará la protección de Sa Feixina como bien catalogado

La Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca propone ejecutar la sentencia judicial que protege el monolito de Sa Feixina e incluir el monumento en el listado de Bienes Catalogados.

La protección del monolito de Sa Feixina de Palma la decidió, en primera instancia, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número tres de Palma mediante la sentencia 94/2020, de 27 de febrero, y también la estableció el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares mediante la sentencia n.º 312/2021, de 26 de junio de 2021.

Además, estas decisiones quedaron ratificadas el 6 de octubre de 2022, cuando el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso interpuesto contra las sentencias anteriores presentadas por la Asociación de Memoria Histórica y el anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca, presidido por el PSOE, Més y Podemos.

De este modo, y con sentencia firme, la Comisión Insular de Patrimonio Histórico considera que se tiene que ejecutar la sentencia en el próximo plenario del Consell de Mallorca, que es el órgano encargado de hacerlo, y que se tiene que hacer efectiva la protección que se ha dictado judicialmente e incluir el monumento en el listado de Bienes Catalogados, puesto que está debidamente adaptado a la normativa.

Por lo tanto, en el próximo plenario del Consell de Mallorca, día 19 de octubre de 2023, se votará la petición de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico. Si la iniciativa sale adelante, se tendrá que notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Palma, al Gobierno de las Islas Baleares y al resto de interesados en el procedimiento; se tendrá que publicar al Boletín Oficial de las Islas Baleares y, finalmente, se anotará en el Catálogo Insular del Patrimonio Histórico de Mallorca y en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consejera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, destaca que esta no es una decisión política, sino que asegura que se trata de una medida judicial que la institución tiene que cumplir. Además, recuerda que "el monumento fue recontextualizado en 2010 por el gobierno municipal de la socialista Aina Calvo y ya se adaptó a la ley de memoria histórica con un importante gasto para las arcas públicas".