El Tribunal Supremo ha confirmado que juzgará al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La vista oral arrancará el próximo 7 de abril y contará con la declaración como testigos de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La decisión figura en un auto de la Sala de lo Penal que responde a las peticiones planteadas por las defensas de Ábalos y Koldo durante la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero. Ambos reclamaban que el Supremo se declarara incompetente y que la causa regresara a la Audiencia Nacional, argumentando que el exministro ya no es aforado tras renunciar a su acta de diputado.
El alto tribunal rechaza esa pretensión y desestima todas las nulidades planteadas por las defensas, manteniendo así su competencia para juzgar el caso. Además, los magistrados también se oponen a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal como había solicitado la defensa de Koldo García.
Armengol y Torres, entre los testigos
Los magistrados han aceptado la comparecencia de más de 75 testigos durante el juicio. Entre ellos figuran Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, que durante la pandemia presidían respectivamente los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, administraciones que adjudicaron contratos a la empresa que, según la investigación, se situó en el centro de la presunta trama.
También declararán la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera —investigada en la Audiencia Nacional en el marco del mismo caso—; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; y el exgerente del PSOE Mariano Moreno.
La lista incluye asimismo a antiguos jefes de gabinete, exresponsables de empresas públicas como Renfe, Correos o Puertos del Estado, además de empresarios, familiares y personas del entorno de los acusados.
Por el contrario, el Supremo ha rechazado que comparezcan como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa; o la exministra de Industria Reyes Maroto.
Rechazado el polígrafo de Koldo
El tribunal también ha desestimado otras peticiones formuladas por la defensa de Koldo García, como someterse a una prueba de polígrafo o realizar un careo previo con el empresario Víctor de Aldama.
Los magistrados recuerdan que el careo no constituye una prueba autónoma, sino un mecanismo complementario que, en todo caso, se decidirá durante el juicio. En cuanto al polígrafo, subrayan que se trata de un instrumento sin reconocimiento jurídico en el ordenamiento español y que no puede sustituir la valoración de las pruebas realizada por el tribunal.
Peticiones de cárcel
En el procedimiento también está acusado el empresario Víctor de Aldama, señalado como supuesto intermediario de la trama.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama, que ha reconocido los hechos. Por su parte, las acusaciones populares —encabezadas por el PP— elevan la petición a 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma pena que el Ministerio Fiscal.
Los tres se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, integración en organización criminal, uso de información privilegiada, falsedad documental y prevaricación, en uno de los procedimientos judiciales más relevantes derivados de las contrataciones públicas realizadas durante la pandemia.
