Tanto el Govern de les Illes Baleares como el Ayuntamiento de Palma sancionan duramente el vertido de escombros en sitios no autorizados. Durante los años 2017-2019, Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus recaudó más de un millón de euros. Los motivos que justifican esta cuantía pecuniaria son muchos, pero el principal es el daño medio ambiental que provocan los vertidos incontrolados.
Siendo así, uno no alcanza a entender qué está pasando en la finca ocupada de Son Fornari, que son, para situarnos, aquella edificación que se encuentra en la calle Mary Stuard Boyd, en la rotonda de Son Morro, en la parte opuesta del Mercadona del Estadi Balear.
Mes tras mes, año tras año, todos hemos podido contemplar cómo ha ido en aumento la cantidad de escombros, muebles y neumáticos que se amontonan en torno a una casa que podría dar mucho de sí bien restaurada. Es tal la cantidad de basura acumulada, que una pequeña chispa podría provocar un incendio considerable. Como se dice en mallorquín “fa mal d’ulls”.
No es difícil vislumbrar que uno de los grandes inconvenientes para atajar esta irregular situación es que quienes han provocado y propiciado el amontonamiento de porquería, además de ser sujetos de complicada notificación, con toda probabilidad son legalmente insolventes por lo que cualquier imposición de multa directamente les resbala, dicho en términos coloquiales. Ello lleva a que no puede esperarse ninguna acción, ni voluntaria ni fruto de la coerción, por parte de los ocupas de la finca. La pena de prisión por delito contra el medio ambiente es la única manera de sancionarlos, pero ello tampoco garantiza la limpieza del lugar.
Entrar directamente con las máquinas a la finca se antoja como la única solución, eso sí, será a cargo del erario público, porque nos podemos olvidar en recuperar un céntimo de lo que cueste.
