Esta última semana todos los medios de comunicación se han hecho eco de una pretendida intención del gobierno español, amparándose en su control del gobierno catalán propiciado por la aplicación del artículo 155 de la constitución, de introducir en el formulario de preinscripción de los alumnos en las escuelas de Cataluña una casilla nueva, para que los padres puedan elegir si desean que la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos sea el castellano, lo que significaría la impugnación de la vigente inmersión lingüística y un ataque en toda regla al sistema educativo y social catalán.
El portavoz del gobierno central, que es además ministro de educación y, como tal, responsable de educación de la Generalitat de Catalunya en tanto siga vigente el artículo 155, no ha sido capaz de esclarecer si es esa la intención, más allá de unas referencias difusas a que se están estudiando alternativas, sin mayores concreciones.
Los errores reiterados desde el 2006 del Partido Popular de Mariano Rajoy, en la oposición primero y en el gobierno español después, han propiciado el enorme incremento del independentismo en Cataluña. El recurso ante el Tribunal Constitucional y la posterior sentencia del mismo que descafeinó el Estatut d’Autonomía aprobado por el Congreso de los Diputados y por los ciudadanos catalanes en referéndum, la negativa a negociar un sistema de financiación similar al concierto vasco, los continuos incumplimientos en las inversiones en infraestructuras y la permanente pulsión hacia la laminación y recentralización de competencias autonómicas, han conseguido que el independentismo prácticamente doblara su porcentaje de apoyo popular, de alrededor del 24 % a alrededor del 48 %.
Una vez que el independentismo alcanzó la cuota del 48 %, han proseguido los errores del gobierno Rajoy, que ha hecho una lectura absolutamente errónea de la situación catalana, achacando el auge de la opción por la independencia a una huída hacia delante de algunos líderes para ocultar problemas de corrupción y considerándolo un suflé que más pronto que tarde bajaría. Pero lo cierto es que en las elecciones de 2015 las listas independentistas consiguieron la mayoría absoluta en el Parlament, con cerca del 48 % de los votos.
Los independentistas también han cometido graves errores, el primero y principal el pretender llevar a cabo un proceso unilateral de independencia con solo el 48 % de los votos. Con ese porcentaje de apoyo popular no se puede declarar una independencia unilateral, menos aun si no se cuenta con ningún soporte internacional y no se dispone de los medios para tener un control efectivo del territorio. Pero los errores del independentismo han quedado más que compensados por los del gobierno de Rajoy, que primero fue incapaz de evitar la celebración del referéndum unilateral del uno de octubre y después desató una represión brutal sobre los ciudadanos pacíficos que solo defendían lo que consideraban su derecho a votar.
La posterior persecución judicial, con la creación de un relato jurídico fantasioso por parte de la fiscalía, en el que se pretende convertir un proceso pacífico en una rebelión violenta y el encarcelamiento preventivo absolutamente desmesurado e injustificado de los presidentes de Òmnium Cultural y de la ANC y del vicepresidente Junqueras y el conseller Forn, es un nuevo error monumental que añade más leña al fuego de la confrontación.
Las elecciones de diciembre pasado, convocadas por Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155, volvieron a dar mayoría absoluta a las listas independentistas, de nuevo con cerca del 48 % de los votos, teniendo en cuenta que la participación fue la más elevada de la historia, superando de largo el 80%, lo que certifica el fracaso clamoroso de la política del gobierno del Partido Popular.
Si no estuviera tan cegado por la catalonofobia y los réditos electorales que le proporcionaba, quizás el gobierno Rajoy podría haber tomado la decisión inteligente de permitir un referéndum acordado en Cataluña, en el que con toda probabilidad hubiera ganado el no a la independencia, como sucedió en Escocia y en el Quebec. Ahora el problema tiene mucha más difícil solución y, lo que es peor, el gobierno, los partidos autodenominados constitucionalistas, las altas instituciones del estado y los grandes grupos mediáticos, han coincidido en que el bien supremo a preservar es la unidad de España y a ese fin se sacrifica todo lo necesario.
Cuando el bien supremo no es la democracia y los derechos civiles sino la unidad de España, quiere decir que aquellos se pueden conculcar si se considera necesario. Pero si se sacrifican derechos fundamentales la democracia pierde calidad y se deriva inseguridad para los ciudadanos. Todos aquellos españoles que ahora están de acuerdo con las medidas que se han tomado contra los catalanes y la legislación que se ha usado para ello, deberían meditar que mañana se les podría aplicar a ellos por cualesquiera otros motivos. Si el poder dispone de instrumentos represivos “legales”, es difícil que se resista a utilizarlos contra quien se le oponga o le resulte molesto.
Y la lengua catalana constituye una línea roja para los catalanes. Sin un cambio legislativo que sería casi del nivel de reforma constitucional, es prácticamente imposible derogar la inmersión lingüistica, pero si el gobierno de Rajoy persiste en la idea e intenta buscar vericuetos legales que le permitan socavar el sistema educativo catalán cometerá un nuevo gran error, quizás definitivo. Un ataque frontal, o solapado, a la lengua catalana puede hacer crecer el independentismo lo suficiente por encima del 50 %, como para que pudiera empezar a ser viable una vía unilateral a la separación.
Además sería inútil. El régimen criminal franquista ya prohibió la enseñanza del catalán. Durante cuarenta años solo se enseñó en castellano en todas las escuelas de Cataluña. También se prohibió su uso en la administración y se restringió severamente en los medios de comunicación. Cuarenta promociones consecutivas de catalanes fueron escolarizadas en castellano, privadas de su derecho a aprender su propia lengua y adoctrinadas en la “Formación del Espíritu Nacional “ (nacional español, por supuesto) y sin embargo el catalán no desapareció, ni tampoco el sentimiento de pertenencia nacional (catalana) de los catalanes y ambos resurgieron más fuertes que nunca.
Los catalanes han resistido trescientos años, pueden resistir treinta más.
