El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, aseguró el pasado miércoles día 31 en el Congreso de los Diputados, que las oficinas de la Administración Pública volverán a atender presencialmente sin necesidad de cita previa, para lo cual se modificará el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Se trata de una medida muy conveniente, pues ha quedado atrás la pandemia de Covid-19 y no tiene sentido ni utilidad mantener la obligatoriedad de pedir cita previa para evitar aglomeraciones en las salas de espera de las distintas dependencias de la Administración.
Si bien es una opción muy aconsejable para evitar largas esperas para ser atendido, debe suprimirse la obligatoriedad y volver a contemplar la posibilidad de acudir al servicio determinado directamente, pues hay ocasiones en que recurrir a la cita previa no es fácil. Precisamente es lo que muchas veces le ocurre a los mayores, a quienes se exige conocimientos de informática y una soltura en habilidades que no poseen; y que a menudo no están en disposición de adquirir.
Por más que hace meses, Escrivá negase que en las dependencias de la Seguridad Social no se atendía a nadie sin cita previa, la realidad es muy distinta y la ciudadanía se ha visto durante los últimos años, prácticamente desde 2020, cuando se declaró la pandemia, obligada a pedir cita previa para hacer trámites esenciales y de pura necesidad, como solicitar una pensión de viudedad ante la Seguridad Social. Y muy habitualmente, no la obtenían por medios informáticos, lo que les obligaba a acudir a las oficinas de dicho organismo, donde no podían ser atendidos sin cita previa. La pescadilla que se muerde la cola.
Es preciso acabar con este maltrato al ciudadano, pues lo que procede es poner las cosas fáciles a los administrados, sobre todo a aquellos que por edad o por otras circunstancias, no pueden servirse de las nuevas tecnologías para relacionarse con la Administración.
