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España 2030

jueves 17 de octubre de 2019, 04:00h

Por fin tenemos la sentencia del Supremo. Como no podía ser de otro modo, se discute si ha sido demasiado dura o demasiado blanda, y hay opiniones para todos los gustos. A mí personalmente, como abogado no penalista y sin haber leído más que algunos fragmentos destacados, y aunque en principio habría preferido rebelión, tampoco me parece del todo irrazonable la sedición. La sentencia ha sido seguramente la más suave que cabía esperar por lo que hicieron, pero puedo estar de acuerdo en que la violencia desplegada por los secesionistas no era idónea para conseguir sus fines por la fuerza. Al final, cuando se aplicó el 155, los condenados recogieron sus cosas y abandonaron sus despachos sin oponer resistencia. Lo que me parece que no tiene fundamento son las quejas de los separatistas. ¿Qué esperaban?

En cualquier caso, más que si les corresponden más o menos años de condena, me preocupa qué debe pasar a partir de ahora. Está claro que esta sentencia no resuelve por sí sola el problema, aunque era necesario que hechos tan graves tuvieran consecuencias serias. Pero basta ver los desórdenes que están teniendo lugar como protesta, con al menos 131 heridos, más de cien vuelos cancelados, y miles de damnificados cuando escribo este artículo, para darse cuenta de que hay que hacer algo más para alcanzar una convivencia pacífica. Por cierto, empezando por imponer el orden y procesar a los responsables y organizadores de estas protestas, que sin duda están cometiendo nuevos delitos.

Pero además de aplicar la ley, siempre imprescindible, es necesario primero analizar la situación con un poco de perspectiva. El otro día un amigo me contaba cómo uno de los padres de la Constitución se arrepentía de haber cedido la competencia en educación a las autonomías. Por lo visto los nacionalistas ofrecieron diversas contrapartidas a cambio, en lo que se ha demostrado un gran acierto estratégico para ellos -y un gran error para el constitucionalismo.

El problema fundamental es que, mientras los constitucionalistas intentaron contentar a los nacionalistas con esas cesiones, para integrarlos en el sistema, los nacionalistas por su parte siempre han tenido claro que su objetivo es la secesión, pese a que han disimulado mientras les ha convenido.

Así, a partir de 1981, en cuanto Pujol accedió a la presidencia catalana, más de 14.000 docentes tuvieron que exiliarse ante la presión nacionalista (fueron los tiempos del Manifiesto de los 2.300). En 1990 el gobierno catalán aprueba el Programa 2000, que preveía la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales: educación, universidades, medios de comunicación, entidades culturales y de ocio, empresas, acción internacional, infraestructuras, y por supuesto, administración. Les animo a que lo lean, porque no puedo desarrollar aquí hasta qué punto han tenido siempre todo pensado hasta el detalle.

En conclusión, nos hallamos ante un proyecto de ingeniería social por el que durante 40 años se ha puesto el presupuesto de Cataluña al servicio de la secesión, con la educación y los medios de comunicación como puntas de lanza para conseguir una mayoría social a largo plazo. El plan se ha aplicado punto por punto, y lo peor es que se está reproduciendo en muchas otras autonomías, cada vez más (sólo faltaba el bable). La lengua es, evidentemente, una herramienta básica, aplicando el principio nacionalista de una lengua, una nación, un Estado.

Por tanto, cualquier acuerdo que no elimine las causas del problema no será sino otra patada adelante, como las que llevamos dando 40 años, mientras se agrava la situación. Si queremos que España sobreviva, y me parece evidente que esto es algo deseable, aunque sea sólo por evitar conflictos de impredecibles consecuencias, lo ideal sería dar marcha atrás en el modelo autonómico, pues se ha demostrado un fracaso. Si esto no fuera posible, como mínimo la educación debe dejar de ser una fábrica de secesionistas lobotomizados. Como alternativa a la nacionalización, probablemente conflictiva, cabría liberalizarla, lo que podría ser incluso mejor: dejar que los padres escojan colegio, con un sistema de cheque escolar o similar, y que los colegios puedan ofertar distintas opciones pedagógicas, y cada familia que elija libremente.

Adicionalmente, España debe hacerse presente en provincias. En Madrid no son conscientes de hasta qué punto España ha desaparecido de la mayor parte de su territorio. Allí pervive el espíritu nacional, con multitud de monumentos a nuestra historia común, y el fervor que pude observar este fin de semana en el desfile de las Fuerzas Armadas. Pero apenas hay nada de eso en gran parte de la periferia. Es preciso recuperarlo. Pueden empezar por redactar un Programa España 2030.

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