El Gobierno español ha puesto en marcha este lunes el plan de traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península, tal y como ordenó el Tribunal Supremo el pasado mes de junio. El primer grupo, compuesto por diez jóvenes, ha comenzado su viaje hacia Gijón, en la comunidad de Asturias.
La medida pretende aliviar la saturación que viven los centros de acogida canarios, donde más de un millar de menores esperan respuesta a su solicitud de protección internacional. El Ejecutivo central y el Gobierno canario acordaron que las derivaciones se realizarán cada semana, priorizando recursos pequeños y de titularidad estatal. El objetivo, según recalcan ambas administraciones, es que en el proceso “prevalezca siempre la integridad, el bienestar y el interés superior” de los menores.
CRÍTICAS POR IMPROVISACIÓN
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha celebrado el inicio de los traslados pero ha criticado la “cierta improvisación” del Ejecutivo central, señalando que esta semana deberían salir unos 30 menores pero “ni siquiera han comunicado todavía los nombres” de los próximos en viajar.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido que el proceso se realiza “con rigor, compromiso y sin improvisaciones”, en coordinación con Canarias y garantizando que los menores están acompañados “en todo momento” por personal acreditado y representantes ministeriales.
PROCEDIMIENTOS Y FINANCIACIÓN
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha explicado que el operativo ha requerido semanas de coordinación y el establecimiento de protocolos estandarizados con participación del Gobierno, Canarias y las entidades de acogida. El plan cuenta con una declaración de emergencia que aporta 40 millones de euros para habilitar 1.200 plazas en la Península.
El procedimiento incluye una primera valoración e entrevista individualizada en la llegada, y la asignación de plazas se decide según las características y necesidades de cada menor. “Los menores nunca van solos”, ha recalcado Cancela, subrayando la coordinación constante con las Fiscalías de Menores en origen y destino.
Más del 90% de estos menores provienen de Mali, y el resto de Burkina Faso y Guinea Conakry. El compromiso de ambas administraciones es realizar dos derivaciones semanales, adaptando el ritmo según las necesidades y acuerdos alcanzados en las reuniones de seguimiento.
