Sandra Fernández ha recordado que esta reubicación de menores migrantes que arranca hoy responde a una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de estos menores, competencia que considera "directa" del Gobierno central. Según la consellera, la medida afecta en esta fase a entre 8 y 10 menores de los más de 1.000 solicitantes de asilo.
La titular autonómica ha criticado la "hipocresía" del ejecutivo nacional por, a su juicio, "intentar imponer un reparto forzoso" a las comunidades sin medios ni información suficientes, mientras "omite" su responsabilidad.
BALEARES, SIN DATOS DEL GOBIERNO CENTRAL
La consellera ha recordado que el próximo 26 de agosto está previsto el reparto de unos 3.000 menores no acompañados entre 49 provincias, aunque, como ha apuntado, Baleares no dispone aún de datos sobre el número que recibirá ni sobre el procedimiento.
En esta línea, ha lamentado que no se les haya trasladado información oficial de la reunión mantenida por delegaciones del Gobierno.
La portavoz ha insistido en que los consells insulars, competentes en la materia, están "sobresaturados" y que Baleares, como comunidad de entrada directa, mantiene activa la ruta migratoria desde Argelia, "una de las más peligrosas", con llegadas continuas de menores que deben ser atendidos.
"Debemos darles una atención digna y adecuada, y no tenemos capacidad para acoger a más", ha remarcado Fernández.También ha subrayado que el Govern estudia medidas para evitar el reparto forzoso anunciado por el Ministerio.
