Pedro Sánchez ha elegido una cumbre internacional para lanzar su mensaje más contundente sobre el caso que más le incomoda en este momento. Desde Montenegro, donde ha participado en la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales, el presidente del Gobierno ha asegurado este jueves que desconocía por completo las actividades atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez. El presidente del Gobierno ha afirmado con rotundidad: "Nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Díez porque nunca las hubiese tolerado."
No se ha quedado ahí. Sánchez ha reconocido sentirse "decepcionado", "preocupado" e "indignado" por las informaciones conocidas en los últimos días, y ha defendido que corresponde a la Justicia esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Una posición que, en la práctica, supone desvincularse de todo lo que rodea al 'caso Leire' sin entrar en los detalles de un sumario que cada día depara nuevas revelaciones.
EL RESPALDO A MERCEDES GONZÁLEZ
El presidente también ha aprovechado la comparecencia para salir en defensa de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que esta ha admitido haberse reunido en dos ocasiones con Díez. Sánchez ha asegurado que mantiene su "confianza y apoyo" en González y ha destacado su "profesionalidad" y su "honestidad".
Según la versión de la propia directora general, en esos encuentros no se han abordado investigaciones relacionadas con el PSOE, y la relación ha quedado interrumpida cuando Díez ha comenzado a plantear lo que ella misma ha calificado como una "teoría de la conspiración". Una explicación que el Partido Popular no ha dado por buena y que ya ha derivado en una petición formal de comparecencia urgente de González en la Comisión de Interior del Senado.
UNA TRAMA QUE NO PARA DE CRECER
Al fondo, la investigación judicial sigue su curso. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a Leire Díez en el centro de una supuesta estructura que habría intentado obtener información sensible y desacreditar a investigadores que llevaban causas relacionadas con el PSOE y el entorno del Gobierno. Parte de los informes han apuntado a que el objetivo último era proteger intereses vinculados al Ejecutivo, algo que tanto Moncloa como el PSOE han negado de forma categórica.
